Este jueves se realiza la formalización de nueve exfuncionarios de Carabineros, dados de baja por su presunta participación en un caso de corrupción, junto a seis civiles acusados de obtener beneficios indebidos mediante el manejo de vehículos con órdenes de embargo.
Según la investigación, desde febrero de 2024, los imputados habrían formado una red delictual dedicada a cometer cohecho, falsificación de documentos públicos y suplantación de identidad de funcionarios con el objetivo de apropiarse de automóviles embargados por deudas u otros motivos legales.
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Un civil lideraba el grupo y recibía pagos de abogados y funcionarios judiciales a cambio de facilitar el proceso de embargo.
Una vez que contaba con la información necesaria y el dinero, este sujeto pagaba a un receptor judicial para que firmara una falsa diligencia. En la práctica, los receptores «prestaban su cargo», permitiendo que carabineros se hicieran pasar por ellos y realizaran el procedimiento.
FUNCIONARIOS POLICIALES
Los pagos a los funcionarios policiales se realizaban mediante transferencias bancarias desde la cuenta de la esposa del cabecilla, con el fin de ocultar el origen del dinero y la naturaleza del delito.
Posteriormente, devolvían los vehículos a las concesionarias dueñas, donde los remataban para recuperar parte del valor.
TRÁMITES DE EMBARGO
El mecanismo aceleraba los trámites de embargo con la colaboración de carabineros, a quienes sobornaban para participar en las incautaciones.
En algunos casos, incluso el líder asumía la identidad de un receptor judicial.
«A grandes rasgos, lo que se hace en el fondo es sacar vehículos que estaban con algunas órdenes de embargo, en algunos casos fingiendo autoridad, para efecto del retiro de esos vehículos», explicó el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros.
CORRUPCIÓN INVOLUCRA A CARABINEROS
Entre los imputados se encuentran nueve excarabineros, provenientes de diversas comisarías: siete de la región Metropolitana y dos de otras regiones del país.
A ellos se suman el líder de la banda, su esposa, dos funcionarios del sistema judicial, la conductora de la grúa utilizada para retirar los vehículos, y un decimoquinto involucrado cuyo papel aún no ha sido determinado.
