Pese a los meses de trabajo técnico y político, este miércoles las negociaciones entre el Gobierno y la inmobiliaria San Antonio, dueña del terreno ocupado por la megatoma en Cerro Centinela, concluyeron sin acuerdo.
Según informaron, la falta de consenso se debe principalmente a «diferencias insalvables» en la tasación del terreno. Esto deja en suspenso la situación de más de 10 mil personas que habitan la toma más grande de la región.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que la Comisión Técnica, instalada en abril de este año para evaluar las condiciones de una eventual compraventa del predio, cerró su trabajo sin resultados positivos. En concreto, pese a 17 sesiones y propuestas concretas del Estado, no se logró avanzar en un acuerdo aceptable para ambas partes.
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FRACASAN NEGOCIACIONES POR MEGATOMA
Según informó el Minvu, el principal obstáculo fue el precio del terreno exigido por los propietarios. Esto, debido a que es una cifra que triplica el valor calculado por el ministerio. Además, no cuenta con respaldo técnico ni es financieramente viable para las familias organizadas ni para el Estado.
«Las propuestas del Gobierno fueron técnica y legalmente justificadas, y estaban orientadas a alcanzar un valor justo y sostenible en el tiempo. Sin embargo, estas fueron rechazadas sin que se ofrecieran alternativas ni se manifestara disposición real a negociar», indicó el ministerio en un comunicado.
El proceso, según las autoridades, fue abordado por los representantes de la inmobiliaria como una operación de «compraventa más», sin considerar las condiciones sociales excepcionales del caso. Esto, a juicio del Gobierno, impidió cualquier avance hacia un consenso.
RIESGO DE DESALOJO PARA LAS FAMILIAS
El terreno del Cerro Centinela está bajo orden de desalojo, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmado por la Corte Suprema.
Cabe recordar que la megatoma comenzó a poblarse en octubre de 2019 y hoy abarca 215 hectáreas. El catastro oficial de 2024 indica que allí viven 10.251 personas, entre ellas más de 3.100 niños, 923 adultos mayores y 649 personas con discapacidad.
Para evitar una crisis humanitaria, el Gobierno propuso que las familias, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, pudieran adquirir directamente el terreno, abriendo así la posibilidad de regularizar su situación y acceder a programas de urbanización.
El Minvu logró que el 90% de las familias se formalizaran en cooperativas, y articuló conversaciones con BancoEstado para explorar mecanismos de financiamiento. Sin embargo, el desacuerdo en el valor de venta paralizó el proceso.
A pesar del resultado, el Ministerio de Vivienda reiteró su disposición a seguir trabajando para viabilizar la adquisición del terreno por parte de las familias y llamó a los propietarios a reconsiderar su postura.
