La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó a favor de una integrante de la Armada, a quien sancionaron por “abuso de confianza” contra un superior al que denunció por violarla durante un rito de ascenso organizado por funcionarios de la Gobernación Marítima de Valdivia.
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Según su relato, en esa instancia consumió una bebida entregada por sus mandos y luego perdió el conocimiento. En ese estado, de acuerdo con su denuncia, uno de ellos la agredió sexualmente.
RESOLUCIÓN
Pese a esta acusación, la Armada decidió castigar a la suboficial, sosteniendo que habría favorecido el ataque al realizar un baile “provocativo”. El fallo señala que la institución disciplinaria la trató como si ella misma hubiera provocado el delito que denunció ante las autoridades.
En la misma línea, el tribunal sostuvo que “se prodigó a la víctima y denunciante un tratamiento discriminatorio, al extremo de habérsele inferido violencia institucional por su género con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio al que dio lugar la denuncia en que manifestaba haber sido violada”.
La sentencia también destaca que los encargados del proceso disciplinario formularon un cuestionamiento moral sin sustento normativo, dejándola en una posición desventajosa. Este castigo incluso afectó su trabajo: se le impidió portar armas y hacer guardias, reduciendo sus funciones a tareas administrativas.
CORTE
Para la Corte, todo el proceso estuvo atravesado por “prejuicios, creencias y opiniones preconcebidas”, además de una evidente falta de disposición institucional para aclarar lo ocurrido. Esto derivó en un trato injusto hacia la suboficial, quien se vio obligada a recurrir para revertir decisiones que la responsabilizaban de la agresión.
El caso, añadió el tribunal, “deja expuestos serios obstáculos a la integración de la mujer a las filas de la Armada de Chile, por la tolerancia de rituales, apadrinamientos, comentarios y bromas, la violencia sexual y las normas de ‘urbanidad’”.
Como medida, la Corte de Valdivia instruyó eliminar completamente la sanción de todos los registros de la institución, restituirle sus labores sin restricciones y mantener reservada la investigación sumaria. Asimismo, ordenó al Ministerio de Defensa actualizar el Reglamento de Disciplina de la Armada para adecuarlo a la normativa vigente en materia de discriminación y violencia de género, incorporando estas modificaciones en un Decreto Supremo dentro de un plazo de seis meses.
