Nacional y economía

Funcionarios de la Asistencia Judicial convocan a paralización en abril

Javiera Sanzana

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Foto referencial: Agencia Uno
Los trabajadores también advirtieron que el Estado ha invisibilizado la precariedad de programas clave para la población más vulnerable, como la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores (ODAM) y el Programa Mi Abogado.

Ante lo que consideran una falta de respuesta por parte del Ejecutivo respecto a las condiciones laborales y de funcionamiento, más de 2000 trabajadores que brindan asistencia jurídica gratuita en el país anunciaron una paralización a partir del 2 de abril, si no reciben soluciones concretas por parte de la autoridad.

Dirigentes y funcionarios de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) del país se movilizaron hasta el Ministerio de Justicia para entregar una carta en la que exponen una serie de demandas incumplidas y denuncian diversas falencias y omisiones que afectan directamente el servicio.

En ese contexto, confirmaron que iniciarán un paro de actividades desde el 2 de abril.

INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

En la misiva dirigida al ministro Jaime Gajardo, la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a más de 2000 trabajadores de las CAJs, manifestó su preocupación por la falta de cumplimiento de un protocolo de homologación remuneracional firmado en agosto de 2023, que beneficiaría a los funcionarios con mayores niveles de precarización.

Además, señalaron deficiencias en infraestructura, el cierre de oficinas por falta de personal y una sobrecarga laboral que, en algunos casos, obliga a un solo abogado a gestionar más de 2000 causas, lo que impacta en su salud mental y el ambiente de trabajo.

El presidente de Fenadaj, Marcelo Inostroza, explicó que la paralización nacional del 2 de abril responde al «Incumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado con el Ministerio y la ausencia de gestión de las direcciones generales, que no han sido todo lo proactivas ni suficientes en la gestión de las demandas funcionarias».

TRABAJADORES

Los trabajadores también advirtieron que el Estado ha invisibilizado la precariedad de programas clave para la población más vulnerable, como la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores (ODAM) y el Programa Mi Abogado, que proporciona asesoría legal gratuita a niños, niñas y adolescentes, y que además no cuentan con el soporte administrativo necesario para cumplir con su mandato legal.

A esto se suma la falta de gestión en los concursos para proveer cargos permanentes, lo que, según denunciaron, afecta la implementación de leyes como la de 40 horas, el teletrabajo y la normativa que regula los incentivos al retiro para funcionarios públicos.

Finalmente, los trabajadores reiteraron que, si no reciben una respuesta concreta del gobierno, la paralización podría extenderse de manera indefinida a partir de abril.

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