El llamado «banco estatal de ADN» no corresponde a una institución física, sino a un sistema destinado a almacenar y analizar muestras genéticas, utilizado principalmente en investigaciones judiciales y en procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
En Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha manifestado su disposición a impulsar este mecanismo, particularmente enfocado en casos de adopciones irregulares y sustracción de menores.
Frente a este anuncio, la Fundación Hijos y Madres del Silencio expresó su reconocimiento al mandatario, considerando que esta medida representa un paso significativo para las miles de familias que han esperado durante décadas por respuestas. A juicio de la organización, este compromiso del Ejecutivo constituye un avance concreto en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
FUNDACIÓN
La Fundación, que por más de una década ha solicitado la implementación de un sistema estatal de análisis de ADN, ha llevado esta demanda a distintas instancias nacionales e internacionales, con el objetivo de lograr mecanismos eficaces que contribuyan a la reunificación de familias separadas por hechos ocurridos tanto en dictadura como en democracia.
En su declaración pública, la agrupación valoró que por primera vez una administración reconozca el papel del Estado en estas prácticas: «El primer gobierno que asume con claridad la responsabilidad del Estado en estas prácticas sistemáticas que afectaron a miles de familias, tanto en dictadura como en democracia».
GOBIERNO
También recordaron que en el anterior periodo de gobierno hubo una promesa similar, la cual no llegó a concretarse.
Según señalaron, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, abandonó la iniciativa antes de concluir la administración de Sebastián Piñera, dejando a decenas de familias «con sus muestras de ADN guardadas en algún lugar del Servicio Médico Legal y sin ninguna respuesta ni acción concreta».
Para que esta propuesta tenga un impacto real y duradero, la Fundación plantea tres elementos esenciales:
La puesta en marcha de una campaña informativa amplia, que llegue a todas las regiones del país y, en especial, a sectores rurales, con el objetivo de facilitar el acceso de quienes desean aportar su muestra genética y buscar a sus familiares.
Un compromiso formal que garantice que el banco estatal de ADN estará funcionando plenamente antes del término del actual mandato presidencial.
La realización de un acto público de perdón por parte del Estado, que reconozca el daño causado a las víctimas y reafirme su compromiso con la no repetición: «nunca más se repitan».
VIOLACIONES A LOS DD.HH
Asimismo, la Fundación instó a que el Estado de Chile reconozca oficialmente estas prácticas como violaciones a los derechos humanos, alineándose con recientes sentencias de la Corte de Apelaciones que así las han calificado. Según la agrupación, este reconocimiento es esencial para la construcción de memoria y el acceso a la justicia de quienes han sufrido en silencio durante tanto tiempo.
En su mensaje, también hicieron hincapié en el rol de las propias víctimas y sus familias, destacando que «Es su incansable lucha, su valentía y su amor lo que ha permitido que hoy, después de tantos años de espera y dolor, podamos ver un paso tan relevante para la reparación de nuestras historias».
Por último, manifestaron su esperanza de que este proceso culmine con una ceremonia en la que el presidente Boric pida perdón en representación del Estado chileno, «reconociendo la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos y comprometiéndose a no permitir que se repitan nunca más».
Para la Fundación, este anuncio podría marcar el inicio de una etapa de reencuentro y reparación, y confían en que el Estado avanzará con decisión en el cumplimiento de su deber de «reconocer, reparar y garantizar que nunca más se repitan estas vulneraciones».
