El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este viernes a Juan Carlos Orión Aramayo Baltra, conocido como el «gatillero de La Reina», a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por efectuar disparos injustificados en la vía pública. A esta condena se suman 41 días adicionales por el delito de daños simples. Ambos hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2024 en la calle María Monvel, frente al Colegio Madrigal, en la comuna de La Reina. La sentencia fue leída por la magistrada María Paz López Benavides, integrante del tribunal.
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DISPAROS EN ZONA ESCOLAR PROVOCARON ALARMA VECINAL
Según los antecedentes del juicio, Aramayo –arquitecto y exfuncionario público– disparó al menos cinco veces con una pistola Glock 17, dañando dos señaléticas de tránsito asociadas a zona escolar, en un sector residencial densamente poblado. Los vecinos, alarmados por la situación, denunciaron los hechos y relataron haber vivido momentos de conmoción e inseguridad. Una testigo señaló que su primera reacción fue pedir a su familia que se arrojara al suelo, mientras otra declaró que debió correr junto a su hija para resguardarse.
TRIBUNAL OTORGA LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA
El tribunal también lo absolvió del cargo de tenencia ilegal de una pistola calibre 7.65 hallada en una caja fuerte en su casa, por falta de pruebas suficientes para acreditar dominio y conocimiento del arma, que el acusado atribuyó al fallecido suegro de su esposa.
Pese a la condena, Aramayo no cumplirá prisión efectiva. El tribunal le concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva durante toda la duración de la condena. En caso de incumplimiento, deberá cumplir la pena de forma efectiva, con abono de 389 días por prisión preventiva y arresto domiciliario ya cumplidos.
ARAMAYO PIDIÓ PERDÓN Y EXPLICÓ CONTEXTO PERSONAL
El condenado reconoció su responsabilidad por los disparos, los que explicó como resultado de una crisis emocional, personal y laboral. Durante el juicio, relató haber estado afectado por deudas, problemas familiares y condiciones adversas en su trabajo en Calama, además de haber consumido alcohol horas antes del incidente.
Como sanción adicional, el tribunal ordenó cancelar todas las inscripciones de armas a su nombre y remitir su perfil genético al Registro Nacional de Condenados. Aramayo, quien ya había solicitado voluntariamente la renuncia definitiva al porte y tenencia de armas desde la cárcel, ofreció disculpas públicas a su familia, vecinos y exalumnos.
Las costas corren por cuenta de cada parte y sin anotaciones penales en el certificado de antecedentes, conforme a la Ley N°18.216.
