El Director Nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra, interpuso una querella por la filtración del informe reservado de la Contraloría General de la República.
En el documento, se expone una serie de datos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión de Bloqueo de Telefonía, implementado en tres unidades penales de la región Metropolitana.
Cabe señalar que la acción judicial fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y es contra quienes resulten responsables de la filtración.
Lea también: Contraloría alerta sobre uso limitado de inhibidores de señal en cárceles.
QUERELLA POR FILTRACIÓN
Según la querella, «en el marco de un proceso de investigación especial y fiscalización al proceso de implementación del sistema de bloqueo de señal de telefonía en recintos penitenciarios, realizado por la Contraloría General de la República, se emitió informe final con carácter de reservado, ya que la publicidad de su contenido podría afectar gravemente la seguridad pública».
No obstante, tanto Urra como el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusaron que a pocos minutos de emitido el informe, éste fue obtenido por diversos medios de comunicación de circulación nacional.
Lo anterior, «sin reservas de ningún tipo, que protegiera la información que pudiere afectar la seguridad pública, y en especial la carcelaria».
GENDARMERÍA POR INFORME DE CONTRALORÍA
De acuerdo a la acción legal, esta grave vulneración constituye el delito de violación de secreto. También, el delito de infidelidad en la custodia de documentos y delito informático.
Tras conocer el informe, el Director de Gendarmería explicó que las observaciones de Contraloría ya han sido acogidas e incorporadas. Esto, dentro del proceso licitatorio que se lleva a efecto para las próximas 9 unidades penales donde se implementará el sistema de bloqueo.
Urra reiteró que «el sistema sí funciona. Eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en el ámbito de la seguridad nacional respecto del combate a la criminalidad».
Según cifras entregadas por la institución, a un año de implementar la medida, se ha logrado bloquear un total de 51.049 chips. A ello se suman 37.329 aparatos telefónicos y módems wifi, que, en su mayoría han sido incautados desde las unidades penales.
