Las tarifas eléctricas han permanecido congeladas desde 2019, una medida adoptada para evitar aumentos en las facturas de luz en medio del estallido social, por lo que las generadoras han pedido un subsidio.
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La falta de estabilización en las tarifas, según advirtió la Asociación de Generadoras, impacta en el funcionamiento del sector eléctrico. Por este motivo, solicitan normalizarlas para prevenir posibles repercusiones en la transición energética.
Debido al aumento del tipo de cambio, retrasos en la publicación de decretos y la pandemia, la deuda con las empresas de generación eléctrica supera los 6.000 millones de dólares, según indicó la asociación.
ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS
La estabilización de precios ha provocado la interrupción del flujo regular de ingresos de las empresas de generación, basadas en contratos suscritos en licitaciones a clientes regulados.
Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, destaca que el congelamiento de precios ha generado efectos no deseados y no sostenibles en el tiempo, tanto para los clientes acumulando deuda como para la industria en términos de certeza regulatoria.
En este contexto, advierten que el retraso en el ingreso del proyecto de ley afecta la predictibilidad jurídica necesaria para el sector de generación eléctrica, en un momento crítico de reconversión de la matriz hacia infraestructuras renovables y de almacenamiento.
MEPCO
La agrupación celebra la decisión de avanzar hacia un proceso de normalización. Proponen, para evitar alzas abruptas, la implementación de un subsidio público focalizado en clientes vulnerables, similar al subsidio de agua potable o al Mepco, complementado con instrumentos como el Fogape para pymes.
Meriches destaca la necesidad de un ajuste gradual para atenuar el impacto en los clientes, subrayando la importancia de la eficiencia energética.
En el ámbito de la transición energética, el gremio de las renovables (Acera) destaca la relación directa entre el proyecto de estabilización y el de transición energética en discusión en el Senado. Advierten que cualquier demora pone a prueba la resistencia de empresas 100% renovables y afecta la protección a consumidores de bajos ingresos, para quienes se busca otorgar un subsidio en tarifa.
