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Gobierno expulsa a 56 extranjeros por graves delitos

Por Jesús Martínez

Periodista

Gobierno
FOTO: Sermig
El Gobierno logró concretar la expulsión de 56 extranjeros que estaban vinculados a delitos de abuso sexual, narcotráfico, robos y tenencia de armas.

Durante la mañana de este domingo 20 de octubre el Gobierno concretó la expulsión de 56 personas extranjeras por diversos delitos en el país.

Entre los crímenes cometidos por los expulsados se encuentran abusos sexuales, robo con intimidación, robo con violencia, tenencia de armas, fraude y tráfico de drogas.

Según informó el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) se lograron concretar 24 expulsiones judiciales y otras 32 administrativas. El vuelo tiene como destino Bolivia, Colombia y Haití.

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Este sería el vuelo de expulsiones número 15 desde el inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En lo que va del año, ya se han expulsado 910 extranjeros.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Sermig, en el 2024 ya se han expulsado más personas que en los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023.

El director del Sermig, Luis Eduardo Thayer, destacó el incremento en la cantidad de vuelos de expulsión a diferencia de los últimos seis años, así como el trabajo que han llevado las policías.

«Con el vuelo de hoy ya se completan 15 aviones chárter de expulsiones en lo que va de Gobierno, lo que expresa el trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado, como la Fuerza Aérea de Chile, PDI y el Servicio Nacional de Migraciones para fortalecer nuestras capacidades y tener una política que garantice una migración ordenada, segura y regular», declaró.

En esa línea, señaló que se debe facilitar el proceso de migración para «quienes han venido a aportar, trabajan o tienen familias en Chile». Asimismo, dijo que «seguiremos implementando sanciones y fortaleciendo nuestra capacidad para detectar, arrestar y expulsar a quienes cometen delitos o desobedecen nuestras leyes».

Durante el año 2022 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para expulsar a las personas condenadas a penas inferiores a 5 años y un día por delitos vinculados al narcotráfico, buscando así reducir el actual hacinamiento en las cárceles. Esta iniciativa aún se encuentra en tramitación.

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