El Gobierno de Chile presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables del atentado incendiario perpetrado el pasado 20 de abril contra el proyecto hidroeléctrico Rucalhue, ubicado en la comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío. Esta es la primera acción legal interpuesta bajo el amparo de la nueva legislación, recientemente promulgada.
La querella, presentada por los abogados Francisca Souper y Felipe Guerrero en representación del ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, solicita investigar los hechos como parte de una asociación ilícita terrorista, además de los delitos de incendio y múltiples infracciones a la ley de armas. El Ejecutivo responsabiliza al grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), al que se le atribuyen al menos 10 ataques en la Macrozona Sur entre 2023 y 2025.
NUEVA LEGISLACIÓN PERMITE AMPLIAR HERRAMIENTAS INVESTIGATIVAS
“Esta nueva legislación permitirá a las policías desarrollar diligencias especiales que son clave para avanzar en la investigación”, señaló el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco. La autoridad remarcó que se están entregando todas las herramientas necesarias al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones para encontrar a los responsables.
GOBIERNO APUNTA A WAM POR PLANIFICACIÓN Y CONTINUIDAD DE ATAQUES
En la acción judicial, el Ejecutivo argumenta que los ataques fueron cometidos por una pluralidad de personas con una organización funcional, estructura interna y planificación previa, lo que cumple con los requisitos establecidos por la Ley N° 21.732 para configurar una asociación terrorista. Asimismo, se destaca la persistencia temporal de las acciones del grupo y la existencia de un plan delictivo orientado a desestabilizar las estructuras del Estado democrático.
“El atentado a Rucalhue es el más grave registrado en la zona y no solo constituye un hecho de alta gravedad, sino que tiene un claro mensaje político. El lienzo hallado en el lugar, que exige la libertad de presos mapuches, busca imponer una decisión al Poder Judicial”, señala el texto judicial.
ALCALDE ESPERA RESULTADOS CONCRETOS TRAS PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA
El alcalde de Santa Bárbara, Cristián Osses, expresó su esperanza en que esta querella no se quede “en un gesto simbólico”, sino que conduzca a resultados concretos. “La comunidad necesita justicia y certezas frente a hechos que afectan no solo la seguridad, sino también el desarrollo de la región”, afirmó.
Con esta acción, el Gobierno reafirma su postura de enfrentar con decisión los actos violentos que, en su criterio, persiguen objetivos políticos a través de medios ilegítimos y atentatorios contra el Estado de Derecho.
