El Gobierno confirmó que acatará el fallo de la Corte Suprema que condena al Fisco a pagar una indemnización de $1.500 millones a la empresa española Azvi, por incumplimientos contractuales en la construcción del polémico puente Cau Cau en Valdivia.
La decisión fue comunicada por el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, quien evitó profundizar en el dictamen judicial, limitándose a señalar que el Ejecutivo respetará lo resuelto por el máximo tribunal del país.
La controversia judicial se arrastra desde hace una década, en el marco de las fallidas obras del primer puente basculante de Chile, cuyas fallas estructurales y múltiples errores técnicos lo convirtieron en un símbolo de ineficiencia pública.
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En 2023, la empresa Azvi recurrió a la Suprema para revertir un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que la había responsabilizado por los defectos de la obra.
Sin embargo, la Corte Suprema resolvió a favor de Azvi, considerando que el Estado incurrió en irregularidades contractuales, lo que derivó en la obligación de indemnizar a la empresa por los perjuicios sufridos.
REACCIONES
Desde el Congreso, la decisión generó críticas transversales. El senador socialista Alfonso De Urresti, integrante de la Comisión de Obras Públicas, sostuvo que este fallo “confirma que autoridades públicas tomaron decisiones que le costaron caro al país”, e instó a realizar un juicio de cuentas para determinar responsabilidades administrativas.
En tanto, el senador Iván Flores (DC) cuestionó que nadie haya asumido la responsabilidad política ni técnica por los errores que afectaron la ejecución de la obra.
Hasta ahora, ni la presidenta de la comisión de Obras Públicas del Senado, María José Gatica (RN), ni representantes de la empresa Azvi se han referido públicamente al dictamen.
