Una polémica decisión del Servicio de Impuestos Internos genera gran preocupación en el comercio y en operadores de pagos digitales. En concreto, el SII regresará la entrega obligatoria de boletas en papel en compras presenciales.
Cabe precisar que la decisión fue informada a fines de enero y entrará en vigencia el próximo 1 de mayo de 2025. No obstante, habrá plazo hasta marzo de 2026 para aquellos comercios que no cuenten con máquina que imprima la boleta.
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ENTREGA OBLIGATORIA DE BOLETAS
Según reveló el medio Chócale, las alarmas surgen debido a que podría afectar a muchas pymes que ven facilitadas sus ventas con máquinas (POS) o pagos con QR a través del teléfono celular. De hecho, estiman que unas 600 mil máquinas, que no imprimen, podrían quedar obsoletas.
En detalle, el SII busca «velar por el cumplimiento tributario en materia del IVA y potenciar el combate contra la evasión». Esto, ayudando a que el impuesto involucrado llegue al Estado.
«Esta medida nos permite reforzar, tanto para los emisores de boletas electrónicas de ventas y servicios como para la ciudadanía en general, que la emisión y entrega de la boleta es obligatoria cada vez que se realiza una compra».
Lo cual, es «independiente que se utilice pago en efectivo, por transferencia o mediante tarjetas bancarias», explicó a La Cuarta Patricio Muñoz, subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII.
Respecto al envío de la boleta al correo o por Whatsapp, será una opción adicional que seguirá disponible. Sin embargo, no reemplaza la obligatoriedad de entregar la boleta impresa, advirtió el organismo.
SURGEN DIVERSAS CRÍTICAS
Consultados por Chócale, desde Transbank acusaron al SII de contradecir su propio criterio confirmado hace años. El cual, señala «que la impresión del voucher o boleta era una decisión del comercio». Asimismo, advirtieron que los comercios ahora deberán «incurrir en nuevos y más gastos adicionales injustificados».
Desde SumUp Chile, su gerente comercial, Sebastián Avilés, indicó que la medida «podría representar un desafío para la innovación y la digitalización de la industria de medios de pago. Obstaculizando la integración de tecnología en los procesos de las pymes y dañando su productividad».
Por otro lado, desde Mercado Pago alertaron que «la digitalización no solo busca simplificar procesos y formalizar a los miles de comercios que aún no logran implementar soluciones tecnológicas, sino que también ayuda a reducir el uso de papel y de esa manera contribuir a prácticas más sostenibles. Imprimir boletas electrónicas va en contra de estos principios».
ACCIONES LEGALES
En este contexto, el pasado lunes la empresa Transbank S.A. presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
El cual, es contra el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry Celhay, por la Resolución N°12, que obliga a la entrega impresa de boletas y comprobantes electrónicos.
Según la empresa, la medida es ilegal y arbitraria. Debido a que vulnera garantías constitucionales y afecta su modelo de negocio, generando pérdidas estimadas en USD 10 millones, producto de la necesidad de adaptar sus sistemas y dispositivos.
INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El presidente del Instituto Chileno de Políticas Públicas, Humberto García, rechazó la medida del SII de solicitar boletas impresas. «La obsesión de Impuestos Internos por imponer más burocracias a las empresas, mediana y pequeñas, empuja a casi un millón de personas a gastar más dinero, en un proceso inútil y también regresivo».
«En efecto, toda la operación de compra y venta en el comercio, tiene trazabilidad en las propias plataformas bancarias. Por otro lado, el papel de las boletas impresas (papel térmico) dura muy poco, es sensible al calor y a la humedad, factores borran en su totalidad el registro», agregó García.
«En nuestra opinión, es más conveniente que el propio servicio destine más elementos técnicos a reforzar la fiscalización de las transacciones efectuadas entre servicios y bancos, que traspasar a miles de personas más gastos y burocracia», precisó.
«Nos preocupa profundamente esta decisión del servicio, ya que podría evidenciar una incapacidad técnica para auditar los procesos de compra y venta que se realizan en nuestro país.
En Chile, cada 24 horas se realizan aproximadamente 11 millones de pagos electrónicos. Hacemos un llamado al gobierno a dejar sin efecto esta medida y a reforzar los procesos de auditoría electrónica del servicio», concluyó Humberto García.