En el contexto del caso ProCultura, el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana mantiene un litigio con la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor), a raíz del cobro de cinco pólizas de garantía vinculadas al convenio firmado con la fundación encabezada por Alberto Larraín.
Dichas pólizas, que superan las 31 mil UF (más de $1.000 millones), fueron solicitadas por el GORE tras la finalización anticipada del programa de prevención del suicidio Quédate.
El conflicto se originó en noviembre de 2023, cuando el Gobierno Regional decidió poner término anticipado al proyecto, el cual estaba financiado con más de $1.683 millones, debido a incumplimientos contractuales por parte de ProCultura. En específico, se señaló que no se entregó la información bancaria requerida.
CONVENIOS Y FUNDACIONES
Este hecho ocurrió en un momento de creciente escrutinio hacia los convenios entre fundaciones y organismos estatales, gatillado por el caso Democracia Viva.
Con el objetivo de resguardar el uso adecuado de los recursos transferidos, el GORE de Santiago exigió, como condición para aprobar el proyecto Quédate, un seguro que cubriera el 100% de los fondos comprometidos.
Sin embargo, tras la terminación del convenio y al momento de hacer efectivas las garantías, la institución se vio imposibilitada de continuar con el proceso debido a una medida prejudicial precautoria interpuesta en diciembre de 2023 por Aspor ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, alegando errores en el requerimiento original de cobro.
Aunque el GORE corrigió los antecedentes a los pocos días, la medida siguió vigente, dando paso a una disputa judicial.
«Somos la única institución pública en Chile, que exigió el 100% de garantía de los recursos, mucho antes del escándalo de los Convenios. Por eso, tenemos la certeza que vamos a recuperar hasta el último peso de ProCultura», aseguró el gobernador Claudio Orrego.
INTREVENCIÓN DEL CMF
La autoridad también recordó haber solicitado la intervención tanto del Consejo de Defensa del Estado como de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Ante la constante negativa de Aspor a pagar, el GORE presentó una denuncia ante la CMF, organismo que en julio de 2024 sancionó a la aseguradora con una multa de 1.000 UF por el incumplimiento.
Posteriormente, el Gobierno Regional emitió una circular dirigida a municipios, ministerios, otros gobiernos regionales y servicios públicos, informando su decisión de no aceptar nuevas pólizas emitidas por Aspor en futuros convenios, por considerar que representan un riesgo para el patrimonio público.
RECURSO DE PROTECCIÓN
Frente a esto, la empresa presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, calificando dicha circular como una represalia ilegal.
No obstante, el 29 de noviembre de 2024, el tribunal rechazó el recurso, señalando que el asunto ya estaba siendo tratado en tribunales y que el GORE actuó dentro de sus atribuciones. En marzo de 2025, la Corte Suprema ratificó la sentencia.
De acuerdo con antecedentes recabados por el GORE Metropolitano, al menos otras cuatro aseguradoras habrían adoptado prácticas similares, lo que llevó a oficiar al nivel ministerial para revisar la normativa vigente.
Actualmente, el Gobierno Regional continúa con la demanda civil, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también defiende a la CMF frente al recurso interpuesto por la aseguradora por la sanción impuesta. Esta causa se encuentra en tramitación en la Corte de Apelaciones de Santiago.
