La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) manifestó su postura ante la polémica generada por la liberación de un ciudadano venezolano imputado por el robo con homicidio de un comerciante en Ñuñoa, en junio pasado, situación que hoy se conoce públicamente como el caso del «sicario».
Desde el gremio consideran fundamental analizar en profundidad todos los elementos del caso, señalando que, si existen responsabilidades individuales o colectivas, estas deberán ser determinadas en las investigaciones penal y administrativa correspondientes.
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Según lo expuesto hasta ahora, las decisiones tomadas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago no habrían tenido como finalidad beneficiar al imputado al momento de modificar la medida cautelar decretada por la jueza Irene Rodríguez, consistente en prisión preventiva.
OFICIOS
El envío de dos oficios después de las 20:00 horas del 9 de julio tuvo como propósito aclarar la identidad del sicario.
Aunque uno de los documentos pudo haber dado a entender la anulación del anterior, desde APRAJUD señalan que esto refleja un uso inapropiado de la mecanización de procedimientos, en lugar de aplicar el sentido común, especialmente tratándose de un caso tan grave.
Además, recalcan que esta situación, según lo que se ha podido conocer, no generó sospechas por parte de Gendarmería de Chile. Esto llama la atención, ya que en otras ocasiones, ante inconsistencias similares, la institución ha consultado al tribunal correspondiente, algo que en esta oportunidad no ocurrió.
LLAMADO DEL GREMIO
Por lo mismo, el gremio hace un llamado a la opinión pública y a los medios de comunicación a respetar los procesos investigativos en curso, ya que muchas veces la cobertura tiende a ser «Se carácter general, prejuicioso, inexacto y, lamentablemente, otras veces, tendencioso», afectando injustamente a funcionarios judiciales incluso antes de que existan cargos formales en su contra.
Desde APRAJUD reiteran su confianza en la «Profesionalismo, probidad, capacidad, dedicación y esfuerzo» de quienes trabajan en el Poder Judicial, por lo que exigen los más altos estándares en las indagatorias, a fin de garantizar decisiones justas y sin exclusiones arbitrarias en la asignación de responsabilidades.
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
Finalmente, reafirmaron su compromiso con la lucha contra la delincuencia, y en especial contra el crimen organizado, que «Está corrompiendo a nuestras instituciones».
Por ello, propondrán la implementación de protocolos más rigurosos respecto a las órdenes de ingreso a prisión preventiva y de libertad que se remiten a Gendarmería, incluyendo mecanismos de verificación adicionales.
Asimismo, se comprometieron a participar activamente en las instancias donde se debatan estas modificaciones, aportando desde su experiencia y conocimientos técnicos.
GENDARMERÍA POR CASO SICARIO
En la misma línea, el ministro Jaime Gajardo abordó la controversia señalando que «Lo que hubo acá son comunicaciones a la Gendarmería de Chile. Los tribunales de justicia lo que le mandan a la Gendarmería de Chile son comunicaciones», y explicó que lo que se revisó fue la cronología de esos documentos.
Añadió que «Efectivamente hay una resolución judicial dictada en audiencia, pero hay comunicaciones que disponen para que esta persona quede o se deje sin efecto en la medida cautelar. Y hay comunicaciones que reiteran o, mejor dicho, que vuelven a enviar la comunicación original que disponía en el ingreso a prisión federal».
Consultado sobre el origen de dichos oficios, respondió que «Todas son comunicaciones oficiales que salen desde el Tribunal a través de los mecanismos oficiales». Asimismo, recalcó que «Están en investigación todos los detalles respecto a aquello», y que si bien no puede determinar si hubo delito, «Eso lo va a determinar el Ministerio Público y lo va a poner a disposición de los tribunales».
ANTECEDENTES
Por su parte, el director de Gendarmería sostuvo que «Nosotros desde el primer minuto hemos entregado todos los antecedentes al Ministerio Público, ha desplegado continuas diligencias en distintas instalaciones de Gendarmería y además hemos dispuesto las medidas internas para indagarles de los administrativos».
Frente a la consulta sobre los distintos folios en los documentos, indicó que «Los folios distintos pueden corresponder a los tipos de numeración interna de los correlativos del tribunal» y aclaró que «El tema en discusión nunca ha sido el RUC y el RIC», ya que estos identificadores son únicos y permiten individualizar a los imputados sin margen de error.
Ante las dudas sobre la verificación previa a una modificación de cautelar, afirmó que «Respecto del procedimiento, respecto de la delimitación de las responsabilidades penales y la distinción con la responsabilidad administrativa, creo que es imprudente y es prematuro que yo me refiera a esa materia porque son investigaciones que en ambos aspectos se encuentran en pleno desarrollo».
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Consultado sobre el rol de Gendarmería en la verificación de identidad de personas extranjeras, respondió que «Eso en materia del Registro Civil. Usted sabe que el canje penal que se encuentra instaurado hace muchos años, hace varios años, es responsabilidad del Servicio de Registro Civil de Identificación y opera a previa coordinación con el Ministerio Público».
Añadió que «Nosotros vamos a poner a disposición todos los casos, toda la información y vamos a realizar siempre toda la colaboración que se nos requiera».
INVESTIGACIÓN POR EL SICARIO
Por último, el fiscal nacional se refirió al avance de la investigación para dar con el paradero de los prófugos, afirmando que «No puedo ampliar esa información, no lo puedo ampliar porque implicaría poder entregarle información a través de la prensa a estos prófugos, a sus cercanos, de lo que sabemos sobre el lugar donde se encuentran, lo que estamos haciendo para ubicarlo».
Si bien reconoció el interés de la ciudadanía por saber si permanecen en el país, subrayó que «No podemos, no corresponde que entregue más información porque, insisto, no contribuiría en nada al hallazgo de estos sujetos».
HUELLAS
En relación a la falta de huellas dactilares en 2022, explicó que «No se tomaban ese año» y que, como medida preventiva, «Desde el año 2023, una instrucción para todos los fiscales del Ministerio Público establece que debemos solicitar la prisión preventiva de los imputados o la ampliación de la detención cuando no se ha podido establecer adecuadamente su identidad».
Gracias a esta política, junto con nuevas leyes aprobadas y coordinación con el Ministerio de Justicia, hoy «Se toman las huellas de los detenidos, su identidad no se establece, está en duda, en el Centro de Justicia o en los distintos tribunales».
