El conflicto por los llamados “guetos verticales” en Estación Central continúa escalando, con nuevas aristas políticas y denuncias de irregularidades en torno a los denominados “edificios fantasmas”, construcciones que fueron levantadas sin respetar las normas urbanísticas vigentes.
Mientras el municipio, liderado por el alcalde Felipe Muñoz, mantiene su postura de no recepcionar estas obras, crecen las presiones del mundo político y empresarial para validarlas.
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Una de las figuras cuestionadas en esta controversia es la senadora Ximena Rincón, quien —según denuncian desde el municipio— ha intercedido en favor del Grupo Biba, una de las inmobiliarias involucradas.
Sus declaraciones en el programa Sin Filtros, donde defendió a la empresa sin consultar a los vecinos, fueron interpretadas como un respaldo al lobby inmobiliario y una omisión del impacto urbano y social que estas edificaciones generan.
Bajo ese contexto, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, conversó con EstáPasando y entregó una extensa y contundente crítica a la situación.
«TODOS LOS PERMISOS FUERON Y SIGUEN SIENDO ILEGALES»
“Estos permisos nunca se debieron haber otorgado porque desde que estaba el alcalde Rodrigo Delgado como máxima autoridad en esa municipalidad, él sabía que los permisos de edificación con agrupamiento continuo de edificio en altura de 25 o 30 pisos eran absolutamente ilegales», señala.
«Eso fue refrendado por unas cuatro o cinco dictámenes de la Contraloría, los que fueron llevados en contra de la posición de la Contraloría por algunos privados ante los tribunales de justicia, llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema invariablemente resolvió que la Contraloría ha actuado conforme a derecho, es decir, todos los permisos fueron y siguen siendo ilegales. Un privado fue al Tribunal Constitucional, instancia que resolvió lo mismo. O sea, hasta el día de hoy hay inversiones privadas del orden de los 2.500 millones de dólares que son hechos ilegales consumados, porque todos los edificios, a excepción de tres, están funcionando.”, agregó.
EL SILENCIO DE LA FISCALÍA
“Aquí hay responsabilidades compartidas por funcionarios municipales que ya no están trabajando en esa municipalidad. Están todos, me imagino, destituidos, incluso Delgado fue bien hecho al interior. Pero el hecho concreto es que hay querellas criminales interpuestas por mi persona y por otros hace cuatro años, buscando responsabilidades por el delito de prevaricación administrativa, y la Fiscalía no funciona. Lamentablemente están todos mudos. Le hago un formal llamado a la fiscal Jimena Chong para que me reciba, para darle yo todos los antecedentes para que finalmente se sancione a todos los funcionarios públicos que actuaron al margen de la ley.”
UNA PROPUESTA PERDIDA EN EL MINISTERIO
Herman también reveló gestiones realizadas ante el exministro de Vivienda Christian Monckeberg para buscar una solución urbana que al menos mitigara el daño generado.
“Yo me reuní con el exministro de Vivienda, Christian Monckeberg, a quien le propuse que para solucionar en cierta medida esta situación, se le exigiera a todos los actores inmobiliarios que aportaran dinero al municipio para que se ejecutaran obras de bien público, como colegios, hospitales, clínicas, CESFAM, áreas verdes y un montón de otras obras que iban a mejorar la calidad de vida de los habitantes adicionales de Estación Central. Monckeberg estuvo de acuerdo, le pidió incluso que le presentara un texto para hacer la modificación reglamentaria, texto que le entregué en una segunda reunión. Pero lamentablemente, se fue del ministerio y lo tiraron a no sé qué otra parte. Después lo sucedió un ministro de Piñera que no hizo absolutamente nada. Flojo, muy flojo.”, indicó.
EL ESTADO CHILENO SE LAVA LAS MANOS
Sobre los dichos de la senadora Rincón, Herman reiteró que se trata de una posición que él viene cuestionando hace años:
“Lo estoy diciendo hace mucho tiempo en publicaciones de prensa: si hay tres edificios que tienen la misma ilegalidad que otros setenta y siete edificios, se debe aplicar el mismo criterio. Es decir, no puede haber un doble estándar. Si son ilegales, no se puede otorgar la recepción final. Eso es un hecho.”
«Por lo tanto, en relación a esos tres edificios que aún no cuentan con recepción final, debe aplicarse el principio jurídico de ‘a igual razón, igual disposición’. Es decir, si todos los edificios presentan las mismas condiciones de ilegalidad y, pese a ello, ya se encuentran ocupados por compradores o arrendatarios, estos tres también deberían obtener sus recepciones finales, por coherencia normativa y equidad en la aplicación de la ley.»
«Aquí hay mucha labor ejecutada por individuos particulares como nosotros, que estamos en contra de la corrupción. Pero el Estado chileno mira para el lado. Yo no voy a pensar que el Estado chileno está a favor de la corrupción, pero si son flojos, está bien. Aquí tienen toda la documentación en sus manos, pero no hacen absolutamente nada.”
El conflicto respecto a los guetos verticales sigue abierto, con los ojos puestos en las acciones —o la inacción— del Estado frente a uno de los escándalos urbanísticos más graves del último tiempo.
Cabe señalar que EstáPasando se intentó contactar con la senadora Ximena Rincón para obtener su versión, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
