Durante la tarde de este viernes, el Ministerio de Hacienda presentó una nueva actualización sobre el caso de las licencias médicas irregulares en el sector público, específicamente en la administración central del Estado.
La exposición de los antecedentes estuvo a cargo del ministro Mario Marcel y de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
Lea también: Roberto Fantuzzi: Vida, controversias y defensa de las pymes
Según detalló esta última, «Considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios (del gobierno central) a los que se impartirá sumarios recibieron $10.938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia». Agregó además que el promedio de duración de estas licencias, de acuerdo con los últimos registros, alcanza los 18,9 días.
TRABAJADORES
Por su parte, Marcel informó que la cantidad de trabajadores del gobierno central que ya han dejado sus cargos y que están vinculados a esta situación subió a 1.468, frente a los 1.102 reportados el mes anterior.
También se actualizó la cifra de funcionarios que habrían viajado fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, totalizando ahora 8.814 personas, y los que enfrentan sumarios administrativos llegan a 7.926. «En la mayoría de los casos todavía estos sumarios están en desarrollo», indicó el ministro.
MINISTRO DE HACIENDA
El titular de Hacienda puntualizó que la mayor concentración de estos casos se encuentra en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud.
Además, sostuvo que «Es muy probable que haya un número importante de funcionarios que salieron en atención a que se iniciaron los sumarios», y recordó que «el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente».
CONTRALORÍA
Finalmente, el ministro explicó que, siguiendo las instrucciones de la Contraloría General, para validar la información durante la investigación es necesario solicitar formalmente a la Policía de Investigaciones (PDI) la certificación de las fechas de ingreso y salida del país de los funcionarios.
En ese contexto, el 26 de junio la PDI informó que ha recibido cerca de 1.500 solicitudes por parte de servicios públicos de la administración central, respondiendo hasta ahora aproximadamente el 58% de ellas.
SENADOR JUAN LUIS CASTRO EXIGE SANCIONES EFECTIVAS
Frente a este balance sobre el uso de las licencias, el senador Juan Luis Castro (PS) manifestó su preocupación por la magnitud del fraude y emplazó al Gobierno a tomar medidas concretas:
“Los sumarios administrativos llevan ya un mes en curso, y lo que se ha revelado hasta ahora es gravísimo: se han pagado más de 10 mil millones de pesos en remuneraciones impropias a personas que defraudaron al Estado”, señaló.
El legislador exigió que se esclarezca la responsabilidad individual de los implicados y que se avance con celeridad hacia sanciones ejemplares.
“La ciudadanía se pregunta, y nosotros como legisladores también lo exigimos: ¿vendrán sanciones efectivas? ¿Serán destituidos los responsables? ¿Se restituirán los fondos públicos? Estas interrogantes requieren respuestas claras y acciones concretas”, agregó.
Castro también advirtió sobre el impacto que este tipo de abusos tiene en la confianza institucional “No basta con identificar a los involucrados; es necesario resolver el caso con firmeza para que Chile no vuelva a enfrentar esta vergüenza nacional, donde se abusa de un derecho social como es el subsidio por incapacidad laboral”, concluyó.
