El Centro de Estudios y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián (USS) publicó un informe que cuantifica la presencia de delitos relacionados con el crimen organizado a nivel nacional, regional y comunal.
El estudio revela que Tarapacá es la región con la mayor concentración de delitos asociados a este fenómeno, seguida por la Región Metropolitana y la de Arica y Parinacota.
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Según el informe, cuando se mide la frecuencia de estos delitos por tamaño poblacional, las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, y Antofagasta son las más afectadas.
En términos de delitos por cada 100.000 habitantes, Tarapacá lidera con 1.174, seguida por Arica y Parinacota con 844 y Antofagasta con 284. En contraste, las regiones menos afectadas son Los Lagos, O’Higgins y Los Ríos, con tasas de delitos mucho menores.
Santiago, Pudahuel y Valparaíso: las comunas más afectadas
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que, al analizar las comunas con mayor frecuencia de delitos, Santiago se posiciona en primer lugar, con 1.210 delitos vinculados al crimen organizado. Le siguen las comunas de Pudahuel, con 939 delitos, y Valparaíso, con 913.
El informe también destaca que, al ponderar la tasa de delitos por tamaño poblacional, las comunas de Colchane (en Tarapacá), General Lagos (en Arica y Parinacota) y Huara (en Tarapacá) tienen las mayores tasas ponderadas de delitos asociados al crimen organizado, con cifras que superan los 1.500 delitos por cada 100.000 habitantes.
Diversificación de delitos
Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, señaló que, en general, los delitos relacionados con las drogas son los más prevalentes en el norte del país, pero que en otras áreas, como Santiago y Valparaíso, se registran otros delitos organizados de mayor incidencia.
Esto sugiere una diversificación de las actividades del crimen organizado, lo que plantea nuevos desafíos para las autoridades en términos de control y prevención.
Pía Greene, investigadora de Cescro, concluyó que la sofisticación y diversificación de las actividades criminales exigen respuestas urgentes y actualizadas por parte del gobierno.
La actualización de los datos, con la inclusión de delitos ocurridos en 2024, permitirá un análisis más preciso de las tendencias y facilitará la focalización de políticas públicas para combatir este fenómeno.
