Este jueves, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó el informe preliminar de su noveno Estudio de Mercado, enfocado en la educación superior de pregrado entre 2007 y 2023, que abarca a 126 instituciones (universidades, institutos profesionales y CFT).
El diagnóstico identifica tres limitantes para la libre competencia: problemas en la toma de decisión de los estudiantes; fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas; y trabas regulatorias que entorpecen el proceso competitivo.
De acuerdo a la FNE, el 35% de las carreras vigentes presenta un retorno económico negativo, y la proporción de estudiantes que ingresa a estos programas llegó a cerca del 40% en 2023.
Esto se suma a una brecha entre estudios y empleo: 2 de cada 5 personas declaran que su trabajo se relaciona poco o nada con su formación, y 1 de cada 2 se considera sobrecalificada.
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INFORME DE LA FNE SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR
El organismo también advierte diferencias significativas de calidad entre instituciones y subsistemas, y que las que más cobran respecto de sus costos no necesariamente entregan mejores servicios educacionales.
En ese escenario, las instituciones tendrían incentivos limitados para competir en dimensiones determinantes para la inserción laboral (empleabilidad, ingresos, deserción y duración real de las carreras), dado que los postulantes acceden a información insuficiente o poco usable.
El estudio constata, además, brechas de género asociadas a la elección de carrera: aun cuando el retorno promedio de programas «neutros» sería 8,5% mayor para hombres que para mujeres, la diferencia efectiva se amplía porque ellos se concentran en programas con mayores retornos y ellas en carreras con menores retornos estimados, lo que incide en las brechas salariales posteriores.
En materia regulatoria, la FNE plantea perfeccionar el régimen de derecho público diferenciado para universidades estatales, revisar la asignación del Aporte Fiscal Directo (hoy 95% por criterios históricos) e intervenir el sistema de títulos y grados para simplificar y facilitar la comparación entre más de 5.000 programas que, pese a nombres distintos, ofrecen contenidos y competencias similares.
RECOMENDACIONES DE LA FISCALÍA
Decisiones de estudiantes
– Reforzar la orientación vocacional durante toda la educación media.
– Capacitar a docentes en uso de herramientas informativas.
– Crear un sistema de información personalizado (test vocacional + datos de empleabilidad, ingresos, aranceles, duración, deserción).
Divulgación de información
– Plataforma digital centralizada (sobre la base de Mifuturo.cl) para comparar programas por atributos relevantes.
– Hito informativo obligatorio previo a la postulación.
– Mayor transparencia: incluir satisfacción de egresados en acreditación y estimar el valor económico agregado por programa.
Barreras regulatorias
– Profundizar el trato de derecho público diferenciado para U. estatales.
– Reformar el AFD, reemplazando criterios históricos por indicadores objetivos.
– Actualizar definiciones de títulos y grados; implementar suplemento al diploma; revisar requisitos de duración y facilitar movilidad estudiantil.
La FNE estima que, si sus propuestas reducen en 10% la deserción y en 10% la matrícula en carreras con retorno negativo, los beneficios para familias y Estado —a valor presente— alcanzarían US$ 852 millones por año (13% de los ingresos anuales del sistema).
El estudio se elaboró con reuniones a 70 instituciones y organismos, oficios a 48 entidades y una encuesta a más de 21 mil estudiantes y egresados, con apoyo técnico de expertos académicos y servicios públicos vinculados.
El informe preliminar estará en consulta pública hasta el viernes 12 de diciembre de 2025. Luego, la FNE publicará el documento final y enviará sus recomendaciones al Poder Ejecutivo para su evaluación e implementación. El sector mueve ingresos cercanos a US$ 6.800 millones (2023) y reúne más de 1,27 millones de matrículas en pregrado.
