La búsqueda de verdad y justicia por las adopciones ilegales en Chile ha dado un importante paso. Debido a que, el pasado viernes, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, sostuvo una reunión clave con la Fundación Hijos y Madres del Silencio.
Cabe señalar que esta es una de las organizaciones que ha encabezado la búsqueda de justicia para las víctimas de sustracción de menores con fines de adopción. Lo cual, ha sido tanto dentro del país como en el extranjero.
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UN PASO CRUCIAL
En el encuentro, se abordaron los avances de la investigación. Además, por primera vez, se confirmó la existencia de sentencias judiciales que establecen que estas adopciones irregulares constituyeron delitos de secuestro de menores.
En concreto, las resoluciones representan un hito en la lucha contra la impunidad. Asimismo, abren la puerta para nuevas acciones judiciales contra los responsables.
Las adopciones ilegales en el país, han dejado una marca imborrable en miles de familias que fueron despojadas de sus hijos bajo engaño o coerción.
De hecho, se estima que miles de menores fueron trasladados fuera del país bajo redes de tráfico de niños. Las cuales, según detallan, contaban con la complicidad de profesionales de la salud, instituciones religiosas y funcionarios estatales.
ADOPCIONES ILEGALES EN CHILE
A través de una nota de prensa, Marisol Rodríguez, presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, expresó que lo anterior tiene un significado rotundo.
«Con lo informado por el ministro Aguilar, cuyas sentencias están siendo consultadas en la Corte Suprema, se verifica que cuando hay voluntad de hacer justicia, se cumple.
En seis meses ha hecho más que durante cinco años, cuando el señor Balmaceda tuvo las causas a su cargo. Eso nos da muchas esperanzas para que estos delitos, que son sistemáticos, realizados por agentes estatales y contra una población de mujeres vulnerables, sean tipificados como delitos de lesa humanidad».
La fundación hizo un llamado urgente para que las víctimas de estas adopciones ilegales, ocurridas hasta el 2000, se acerquen a denunciar a la PDI.
«Cada testimonio es clave para desmantelar estas redes de impunidad, juzgar a los culpables y para que las familias separadas puedan reencontrarse después de décadas de dolor y búsqueda», señala Marisol.
REUNIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS
Tras las primeras sentencias judiciales, que tipifican estas adopciones como secuestro de menores, el país enfrenta un momento decisivo.
En ese contexto, se espera que pronto el presidente Boric anuncie una serie de medidas a implementar en torno a la reunificación de estas familias.
Por ello, la lucha no ha terminado. «La memoria de quienes fueron arrebatados y la búsqueda incansable de sus familias nos recuerda que la verdad no puede seguir oculta. Y la impunidad no puede ser una opción», concluyen en la nota de prensa.
