La Contraloría General de la República (CGR) evidenció un desorden contable de larga data en el informe de auditoría 303/2024. Según el documento, hasta el 31 de diciembre de 2023, el Ejército acumulaba 7.342 casos de pagos en exceso de remuneraciones, sumando un total de 7.185 millones de pesos.
De ese monto, 4.530 personas no habían realizado ningún reintegro.
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Uno de los principales problemas detectados es la falta de actualización en los procedimientos internos para recuperar estos fondos, lo que ha permitido que las irregularidades persistan por años.
Además, la Sección de Reintegros del Ejército, responsable de gestionar la devolución de estos montos, no realizó un seguimiento efectivo y, en muchos casos, ni siquiera notificó a los involucrados.
FALTA DE CONTROL
Un hallazgo especialmente grave es la existencia de personas fallecidas que aún figuraban con deudas pendientes, sumando más de 270 millones de pesos y 8.660 dólares. Lo preocupante es que la institución solo detectó estas anomalías entre uno y cuatro años después del fallecimiento de los afectados.
Asimismo, se identificó que funcionarios con deudas por 113 millones de pesos habían optado por la modalidad de «Descuento de Remuneraciones» para devolver el dinero, pero los pagos nunca se efectuaron.
En otras palabras, aunque los deudores manifestaron su intención de pagar, el Ejército no ejecutó los cobros. La auditoría también detectó que algunas personas con facilidades de pago ni siquiera estaban registradas como deudores vigentes, pese a estar realizando pagos.
El informe de la Contraloría advierte que estas deficiencias vulneran principios de eficiencia y control establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (18.575) y en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (DFL 1 de 1997).
CONFLICTOS
Otro punto crítico identificado en la auditoría es la posible existencia de conflictos de interés en la administración de cuentas corrientes del Ejército.
En particular, se señala el caso de dos altos oficiales del área financiera con vínculo de afinidad en primer grado (cónyuges), quienes manejaban conjuntamente varias cuentas bancarias.
Además, el documento indica que la contabilidad institucional no registró deudas por más de 2.312 millones de pesos, lo que afecta la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
RESPUESTA DEL EJÉRCITO
Frente a estas observaciones, el Ejército informó que ha implementado un plan de trabajo para mejorar la gestión de cobro y evitar nuevos pagos indebidos. Sin embargo, la Contraloría concluyó que las medidas aplicadas hasta ahora no han sido efectivas.
También se detectó que en 2023 se realizaron descuentos automáticos a funcionarios por un total de 952 millones de pesos sin autorización de la Contraloría, lo que contraviene el artículo 67 de la Ley 10.336.
Ante esta situación, el organismo fiscalizador ordenó la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades y evaluar posibles juicios de cuentas con el fin de recuperar los montos adeudados. Además, exigió al Ejército presentar un plan concreto de regularización en un plazo de 60 días hábiles.
INFORME
El informe pone en evidencia una deficiente gestión de los recursos en el área de remuneraciones del Ejército, lo que ha permitido que pagos indebidos se mantengan impagos durante años, incluso en casos de personas fallecidas que no fueron eliminadas de los registros financieros. La falta de control y el manejo ineficiente de los cobros han generado un perjuicio económico significativo para el Estado.
El Ejército señaló que desde 2022 ha implementado una serie de medidas, las cuales incluyen la “reorganización de la estructura de la División de Personal y de la Tesorería del Ejército; aumento y capacitación del personal en la Sección de Reintegros; implementación de procedimientos para agilizar el ciclo de reintegros de remuneraciones; seguimiento a resoluciones de la CGR sobre facilidades de pago de los funcionarios (Artículo N° 67 de la Ley 10.336) y el desarrollo de un proyecto tecnológico para integrar los sistemas de gestión de personal y remuneraciones”.
OTRAS INSTITUCIONES
El caso más reciente con características similares se relacionó con Carabineros, donde se identificó una estructura formal para defraudar fondos públicos. Sin embargo, en esta auditoría no se encontraron antecedentes que permitan establecer una situación equivalente.
En cuanto a la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, el informe no detectó irregularidades de la misma magnitud que en el Ejército. Ambas instituciones han implementado mecanismos para reforzar los controles en este ámbito, además de contar con una menor cantidad de personal en comparación con el Ejército.
