La semana pasada se dio a conocer que la Contraloría identificó a 25.078 trabajadores del sector público que salieron del país mientras estaban con licencia médica. Aunque este tema ha cobrado notoriedad en los últimos días a raíz de la investigación del ente fiscalizador, las isapres ya venían alertando sobre esta situación desde hace más de cinco años, advirtiendo del alza sostenida en la emisión de licencias médicas.
Este incremento ha representado un gasto considerable que agravó la crisis que enfrentaron hasta 2024.
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Durante este periodo, las aseguradoras privadas de salud se reunieron en distintas ocasiones con autoridades para expresar su inquietud por esta tendencia creciente, que obedece a múltiples factores.
ACCIONES JUDICIALES
Además, iniciaron acciones judiciales contra profesionales de la salud que, según argumentaron, estarían involucrados en la entrega de licencias fraudulentas. Incluso, en 2021, algunas isapres comenzaron procesos de desafiliación de usuarios por un uso presuntamente indebido e ilegal de este beneficio.
Esto se explica porque una parte importante de las cotizaciones de salud se destina al pago de licencias. En 2024, por ejemplo, el 21,5% de los ingresos totales de las isapres fue destinado al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), lo que se tradujo en un desembolso de $832.472 millones.
PROPUESTA DE LAS ISAPRES
Desde el sector privado de salud se ha planteado que, si este gasto dejara de ser responsabilidad directa de las aseguradoras, los precios de los planes podrían reducirse, según algunos representantes del rubro que prefieren mantener el anonimato.
En este contexto, las isapres han retomado una antigua propuesta, también considerada por algunos expertos: trasladar la administración y el financiamiento de las licencias médicas fuera de Fonasa y del sistema de isapres, para que los asuma un organismo autónomo.
REDISEÑO NECESARIO
«El sistema de licencias médicas está obsoleto, existe consenso transversal que se requiere un nuevo diseño, con incentivos adecuados, y un organismo independiente y técnico que se encargue de la administración, el financiamiento, y el control de las licencias médicas de todo el sistema, con protocolos adecuados que permitan el otorgamiento de estos beneficios», explica el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada.
Este rediseño implicaría simplificar la estructura actual, donde actualmente ocho entidades tienen alguna participación en la gestión de las licencias médicas, para dar paso a un único ente técnico encargado de todo el proceso.
ENTIDADES INVOLUCRADAS
Hoy en día, las entidades involucradas son: isapres, Fonasa, Capredena, Dipreca, Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), cajas de compensación y mutuales.
El presidente de la Asociación de Isapres ya se había referido a este asunto el 13 de mayo, en una sesión de la Comisión de Salud del Senado, durante el análisis del proyecto de ley de Modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
En dicha instancia, Arriagada valoró ciertos avances del proyecto, aunque señaló: «Sin embargo, nos parece que frente a la problemática que se enfrenta, mejorar la gestión general del sector salud, modificar el sistema de licencias médicas, este proyecto consideramos que se queda un poco corto». Agregó que se proponen algunos ajustes, «Pero la verdad que son desafíos bastante menores los que se enfrentan».
En su presentación ante el Senado, apuntó que «Parece adecuado que Fonasa incorpore a sus atribuciones las funciones de contraloría médica para la tramitación de licencias de sus afiliados. Sin embargo, la modificación propuesta mantiene un modelo de licencias médicas que se encuentra cuestionado».
MODELO ACTUAL
Entre las principales falencias, Arriagada identificó la «Incapacidad del sistema de abordar casos de fraude. El diseño del sistema contiene tensiones que terminan afectando negativamente a los trabajadores. Calificación de enfermedades y de invalidez, y entre enfermedades laborales y no laborales», además de que «Las instancias que resuelven los litigios (Compines) tienen criterios disímiles».
Sobre este último punto, añadió que «Aquí hay otro problema que nosotros consideramos que tiene el sistema, que son las Compines en Chile, que son múltiples, son muchas Compines; actúan con una disparidad de criterios que es bien evidente. Y hay muchas dificultades para poder generar una coincidencia de criterios en las Compines del país. Entonces, usted se puede encontrar que una determinada licencia, que ha sido reducida por determinados criterios, en una Compin están de acuerdo, les parece que es lo razonable, y en otra les parece que no, que está malo y se tiene que revertir la situación».
SUBSIDIOS
También apuntó a que la forma de pago de los subsidios no fomenta el retorno al trabajo: «Al revés, yo diría que motivan para que las personas sigan en licencia. Incluso hay trabajadores que tienen rentas variables, por ejemplo, y cuando tienen esa renta variable muy grande o importante en determinados meses, tienen incentivo para tomarse licencia (…) Nosotros vemos las estadísticas de cómo hay mayor número de licencias en trabajadores con renta variable y específicamente en los periodos posteriores a ganancias importantes».
En esa línea, concluyó que «Existe un acuerdo en la necesidad de una nueva institucionalidad, ojalá autónoma e independiente, que no esté asociada a los sistemas previsionales ni de Fonasa, ni de las isapres, ni de las mutuales, que se haga cargo de este tema en términos generales y pueda resolver todo este tipo de temas. Obviamente esto significa redefinir cuándo se otorga una licencia, si hay periodos de carencia o no, si se va a otorgar un subsidio equivalente a la renta o va a ir disminuyendo en el tiempo. Hay muchas definiciones que hay que hacer para que esto sea adecuado».
Finalmente, recordó: «Entendemos que el gobierno se ha comprometido a enviar un proyecto sobre esta materia durante el presente año».
