Tras comparecer en solitario ante la Fiscalía, la suspendida jueza Irene Rodríguez decidió solicitar representación jurídica a la Defensoría Penal Pública, en medio de la investigación por la liberación del sicario Alberto Mejía. La magistrada enfrenta cargos por prevaricación culposa, aunque la indagatoria aún busca establecer si su actuación fue producto de una negligencia o si existieron otros elementos que configuren un delito doloso.
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DE TESTIGO A IMPUTADA: EL GIRO EN LA INVESTIGACIÓN
Rodríguez prestó declaración el pasado 30 de julio ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez en calidad de imputada. En su primer testimonio, entregado a mediados de julio cuando aún era tratada como testigo, la jueza colaboró con la investigación y entregó voluntariamente sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, tras una reevaluación del caso y ante la necesidad de aplicar medidas más intrusivas, la Fiscalía modificó su estatus procesal.
Pese a tener derecho a guardar silencio, Rodríguez decidió declarar nuevamente, esta vez sin abogado. Según explicó, optó inicialmente por defenderse sola y autorizó también el alzamiento de su secreto bancario. No obstante, tras conversaciones con representantes de la Defensoría Penal Pública, resolvió contar con asesoría jurídica especializada de ese organismo, ante la posibilidad de que la Fiscalía avance hacia una formalización.
HIPÓTESIS EN DESARROLLO: NEGLIGENCIA O DELITO DOLOSO
De prosperar esa decisión, el Ministerio Público deberá presentar primero una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, requisito indispensable para imponer eventuales medidas cautelares contra una jueza.
Además de Rodríguez, la causa involucra a otros ocho imputados, entre ellos una funcionaria del Poder Judicial y siete funcionarios de Gendarmería, por su presunta responsabilidad en la excarcelación de Mejía. Aunque los gendarmes no están facultados para cuestionar resoluciones judiciales, se les investiga por no haber detectado a tiempo el error en la orden de libertad, salvo una funcionaria que sí habría alertado sobre la irregularidad en el nombre del reo.
La Fiscalía mantiene abierta la hipótesis de que la liberación se debió a un error administrativo en la resolución judicial, pero también investiga si existieron posibles pagos irregulares, lo que podría reconfigurar el caso hacia delitos de mayor gravedad.
