Este lunes se dará inicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco al juicio contra cinco funcionarios de Carabineros, imputados por el Ministerio Público como responsables de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación. Los hechos se remontan al 29 de abril de 2021, durante la detención de Alberto Curamil Millanao en la comuna de Perquenco.
La Fiscalía formalizó cargos contra los capitanes Ronald Mittersteiner Burgos y Francisco Medina Larrondo; el sargento primero Iván Galdámez Smith; y los cabos segundos Juan Aguilera Miranda y Juan Bastias Echevarría. Todos pertenecen a la Primera Comisaría de Control de Orden Público de Temuco.
La abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Pamela Nahuelcheo, quien actúa como querellante en el caso, confirmó los antecedentes a La Radio.
“El día lunes comenzará un juicio oral en contra de cinco funcionarios de la novena zona de Control de Orden Público de Carabineros, uno de ellos con grado de capitán, por hechos ocurridos en abril del año 2021 y que afectaron a la víctima Alberto Curamil Millanao”, enfatizó.
“Los hechos dicen relación con un procedimiento desarrollado en la comuna de Perquenco, particularmente en la comunidad Coyán Montre, donde en el contexto de una manifestación, los funcionarios hicieron uso antireglamentario de escopetas antidisturbios, produciendo lesiones a la víctima en distintas partes de su cuerpo“, indicó.
ACUSACIÓN
Según la acusación, ese día Carabineros acudió a una protesta con corte de ruta en el kilómetro 627 de la Ruta 5 Sur. En ese contexto, tras una persecución, los funcionarios habrían disparado escopetas antidisturbios a una distancia inferior a la permitida, provocando múltiples lesiones a la víctima.
El Ministerio Público indicó que Curamil fue detenido y llevado a la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro por desórdenes públicos.
Además, la Fiscalía sostiene que el delito de obstrucción a la investigación se configura porque los funcionarios entregaron versiones que alteraban la secuencia real de los hechos, con el objetivo de encubrir su actuar.
El ente persecutor solicita penas que van desde 540 días hasta cuatro años de presidio, además de multas de 12 Unidades Tributarias Mensuales para los imputados.
