A finales del 2024, se informó que Olivar Export y su sociedad vinculada Superfruta pasaban por un complejo momento económico. De hecho, ambas firmas se acogieron a un proceso de reorganización judicial con la idea de evitar la quiebra.
Sin embargo, el escenario no era esperanzador. En cifras, los pasivos que se buscaban refinanciar ascendía a US$ 21 millones. Pese a formar parte del mismo grupo, las liquidaciones se realizaron de manera independiente debido a que cada empresa tenía activos distintos.
Olivar Export era dueña de propiedades, derechos de agua, galpones, cámaras de frío y la planta procesadora de fruta. Mientras que, Superfruta, operaba bajo un contrato de leasing con Banco Consorcio para sus líneas de producción.
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QUIEBRA DE EMPRESA EXPORTADORA
En ese contexto, esta semana el Diario Financiero confirmó que Olivar Export no se salvó con el plan y la propuesta no logró convencer a sus acreedores. Por ello, el 2° Juzgado Civil de Rancagua decretó la liquidación forzosa, designando como liquidadora a la abogada Loreto Reid, quien comenzó con la venta de activos para cubrir las deudas existentes.
El medio antes citado precisa que entre los bienes aparecen terrenos en la región de O’Higgins, instalaciones, construcciones, maquinarias y equipos como contenedores plásticos y vehículos. Los cuales, quedaron en manos de una empresa agrícola bajo reserva.
Se espera que la enajenación de la planta y sus activos generen ingresos cercanos a los $7.800 millones, que se distribuirán entre los acreedores. Superfruta siguió el mismo camino.
El proceso de liquidación de Olivar Export está acompañado de múltiples frentes judiciales, entre ellos 17 denuncias interpuestas por agricultores en la Policía de Investigaciones (PDI), una querella presentada por Shanghai Yuhua Fruits, y demandas civiles por deudas impagas a empresas chinas, bancos y productores locales.
La abogada de la empresa, Susana Borzutzky, explicó que aunque intentaron una reorganización voluntaria con acuerdo de pago a los acreedores, no se logró, y el proceso de liquidación confirma que el incumplimiento de contratos no fue por fraude, sino por factores de mercado, según el informe de la PDI.
