Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) sufrió un duro revés. Esto, debido a que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó detener la aplicación del polémico dictamen sobre la «confianza legítima», tras acoger un recurso de protección.
Cabe recordar que a través de su primer dictamen, la contralora titular, Dorothy Pérez, tomó una controvertida decisión respecto a un tema de alto interés para los funcionarios públicos.
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DICTAMEN SOBRE «CONFIANZA LEGÍTIMA»
En concreto, se trata de un debate respecto a cuántos años bajo la modalidad de contrata se necesitan para obtener la «confianza legítima». Esto quiere decir, la seguridad de que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro.
Pese a que la Contraloría había estimado que ese plazo eran dos años, la Corte Suprema ha dicho en reiterados fallos que en realidad son cinco.
En ese contexto, la recién confirmada autoridad señaló, mediante su resolución, que no zanjará más dichas disputas. Por lo que deberán ser resueltas por los tribunales de justicia.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Cabe recordar que la decisión de la nueva contralora generó rechazo en los gremios de los funcionarios públicos. De hecho, se movilizaron exigiendo la intervención del Gobierno.
En ese contexto fue que la fundación Fuerza Ciudadana interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.
El cual, fue en representación de dos funcionarios municipales de La Cruz (región de Valparaíso), los cuales estaban a contrata y fueron desvinculados del municipio.
RECURSO DE PROTECCIÓN
«Este dictamen afecta en su esencia a los derechos constitucionales de las personas por las cuales recurro de protección, quienes llevan más de dos renovaciones de sus contratas y ahora se les puso término mediante decretos alcaldicios que no revisten la necesaria fundamentación para sus no renovaciones», se acusa en el escrito.
«Sin embargo, pese a esta probable ilegalidad, tal como lo ha sostenido el ente contralor previo al dictamen recurrido, ahora sencillamente se excusa de conocer asuntos que por ley ha de conocer», cuestiona.
Junto con ello, se alega que «en virtud de este nuevo criterio han de soportar un largo proceso judicial pese que la ilegalidad es patente».
Frente a lo anterior, la Novena Sala del tribunal de alzada acogió la orden de no innovar que incluía el recurso. De esta manera, se paraliza en la práctica la decisión de Contraloría.
Cabe señalar que el fondo del denominado «criterio Pérez» respecto a la «confianza legítima», podría estar a la vista de la Corte de Apelaciones de Santiago recién en enero próximo.
