Actualmente, el histórico Club de la Unión atraviesa una de las crisis más complejas de su historia. En concreto, enfrenta un proceso de liquidación forzosa dictado por el 28° Juzgado Civil de Santiago, tras una demanda laboral por más de $180 millones.
A la causa que enfrenta el espacio fundado en 1868 para el encuentro de la élite chilena, se suman 15 juicios civiles por obligaciones que superan los $419 millones.
Pese a ello, desde la administración insisten en que no hay un cierre inminente y que aún existen instancias legales para revertir el fallo. «La justicia va por su carril; nosotros también estamos haciendo lo propio», señaló el gerente general, Ricardo Izurieta, en entrevista con Emol, donde aseguró estar trabajando «casi 24/7» para sacar adelante al club.
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CRISIS EN EL CLUB DE LA UNIÓN
Izurieta explicó que se estudian tres modelos de gestión para asegurar la continuidad del recinto ubicado en pleno centro de Santiago. En detalle, consiste en abrir sus espacios a la ciudadanía, ampliar la realización de eventos y acogerse a la Ley de Donaciones.
Junto con ello, entre las ideas en análisis se encuentran la habilitación de un gimnasio, una cafetería y el arriendo de instalaciones. «Con la Ley de Donaciones, el Gobierno me está diciendo: ‘somos un patrimonio, cuidémoslo», afirmó.
También responsabilizó a la morosidad de los socios como uno de los factores críticos. «Si todos mis socios se pusieran al día, yo saco el club adelante mañana», señaló.
LLAMADO AL SECTOR PRIVADO
Cabe precisar que la preocupación por el futuro del Club de la Unión también ha movilizado a nueve exalcaldes de Santiago, quienes firmaron una carta publicada en El Mercurio para solicitar apoyo desde el mundo empresarial.
«Nos atrevemos a formular un llamado a los hombres de negocio y a las personas de buena voluntad a que se sumen generosamente a la tarea de salvar esta insigne institución y su valioso patrimonio de 18.000 m² en el corazón de la capital», expresaron.
Entre los firmantes figuran Joaquín Lavín, Jaime Ravinet, Pablo Zalaquett y María Eugenia Oyarzún. Ravinet propuso una campaña para atraer nuevos socios y establecer una cuota extraordinaria, mientras que Zalaquett planteó una estrategia enfocada en instituciones y empresas, abriendo el club para eventos como forma de financiamiento.
Carlos Bombal, en tanto, destacó la necesidad de combinar el uso tradicional del club con una apertura hacia la comunidad. «Apelo a la creatividad de empresarios, arquitectos y universidades para buscar un destino que permita recuperar el valor de este edificio para la ciudad», indicó.
