El pleno de la Corte Suprema designó a la ministra de la Corte Marcial Ana María Osorio Astorga para que continúe investigando con dedicación exclusiva el caso conocido como fraude en el Ejército o Milicogate.
La magistrada asumirá en reemplazo de la ministra Romy Rutherford Parentti, quien dejó el función al cumplirse el plazo para permanecer en el cargo.
El Pleno del máximo tribunal accedió además a la solicitud de designar a la magistrada para que asuma exclusivamente la causa hasta el 31 de diciembre de 2023, liberándola de la asistencia a sala y Pleno en la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Marcial.
“Se designa a la Ministra señora Ana María Osorio Astorga para que, a partir del cuatro de septiembre del actual y en calidad de ministra en visita extraordinaria, prosiga con la substanciación de la causa Rol N° 575-2014 de la Primera Fiscalía Militar de Santiago (ex VI Fiscalía Militar)”, establece la resolución del máximo tribunal del país.
Su primera tares será definir si pide o no la prisión preventiva para el excomandante en jefe Juan Emilio Cheyre, quien fue notificado sobre la ampliación de su procesamiento.
Ana María Osorio es abogada de la Universidad de Chile, e ingresó al servicio judicial en noviembre de 1996.
COMANDANTES EN JEFE
Antes de partir a su feriado legal y -luego- a integrar al Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Tributaria, la Ministra Romy Rutherford amplió el procesamiento por malversación de caudales públicos en contra de Juan Emilio Cheyre, en la arista de gastos reservados por el mal uso de más de $5 mil millones, y lo encausó por el delito reiterado de falsedad de documento público, por declaraciones juradas ante la Contraloría.
Con ello se sumó a los otros excomandantes en jefe también procesados por la magistrada: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022).
En las jornadas previas, además, dictó condena en contra 10 procesados en la arista Frasim del fraude, tras detectar pagos por más de $2.500 millones por trabajos inexistentes o sin respaldo, con penas que van desde los 541 días a los 20 años de presidio.
