El Gobierno informó que retiró de la Contraloría General de la República (CGR) el decreto que habilita la puesta en marcha del reglamento de la nueva Ley de Adopción, normativa que busca modernizar y acelerar los procesos para que niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales puedan integrarse a una familia en menor tiempo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron que la medida responde a la necesidad de “evaluar la posibilidad de agilizar los procesos de adopción”, en medio de cuestionamientos históricos por la lentitud del sistema y la permanencia prolongada de menores en residencias del Estado.
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“Con el objetivo de agilizar los procesos de adopción”, agregaron, el retiro apunta a revisar en detalle los reglamentos antes de su entrada en vigencia, considerando que estos definen aspectos clave para la aplicación práctica de la ley.
LEGISLACIÓN
La nueva legislación de adopción —que lleva años en discusión y tramitación— introduce cambios relevantes, como priorizar el interés superior del niño, reducir los tiempos judiciales, simplificar procedimientos y ampliar las posibilidades de adopción, incluyendo distintos tipos de familias. También busca evitar que los menores permanezcan largos periodos institucionalizados, reforzando el derecho a vivir en un entorno familiar.
En esa línea, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, reiteró que la decisión “tiene como enfoque agilizar y revisar los procesos de adopción”.
REGLAMENTO
El subsecretario detalló además que los reglamentos serán reingresados en un plazo cercano a dos semanas. Asimismo, explicó que esta acción forma parte de las atribuciones del Ejecutivo entrante y que se trata de una práctica que “históricamente” han utilizado distintos gobiernos para ajustar normativas antes de su implementación.
Cabe señalar que los reglamentos son fundamentales, ya que establecen cómo se aplicarán en la práctica los cambios que introduce la ley, incluyendo los criterios de evaluación de las familias adoptantes, los procedimientos administrativos y la coordinación entre tribunales, organismos del Estado y entidades colaboradoras del sistema de protección infantil.
