La Ley de Seguridad Municipal avanzó en su proceso legislativo al completar su segundo trámite, tras la aprobación del articulado completo por parte de la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado. Ahora, el proyecto será votado en la Sala.
Uno de los puntos más debatidos fue la inclusión de una indicación que autoriza el uso de armas no letales, como pistolas taser, por parte de los inspectores municipales.
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La normativa aprobada establece que el uso de estos dispositivos será regulado por un reglamento emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, que podrá incluir elementos como esposas, bastones retráctiles, chalecos anticorte, cascos, lentes de protección y, eventualmente, sustancias lacrimógenas de efecto puntual, como el gas pimienta, o de aire comprimido.
DISPOSITIVOS
El uso de estos dispositivos estará limitado a situaciones de defensa personal dentro del marco de las funciones de los inspectores y no se podrá utilizar para el control de orden público.
Según la indicación, la Subsecretaría de Prevención del Delito podrá suministrar estos equipos a los municipios que carezcan de los recursos necesarios. Además, todos los funcionarios deberán recibir capacitación en áreas como derechos humanos, uso proporcional de la fuerza, manejo de crisis y primeros auxilios.
Durante la discusión, se resolvió uno de los aspectos más polémicos del proyecto: la eliminación de la frase que prohibía el uso de las herramientas de forma «disuasiva».
VOTOS
Por siete votos contra dos, se acordó suprimir esta expresión para evitar contradicciones con el objetivo principal del artículo. Así, se prohibió expresamente su uso en el control del orden público, pero se reconoció que podrían tener un efecto disuasivo en situaciones de defensa.
La senadora Paulina Vodanovic (PS), autora de la indicación, explicó que su propuesta permite al Ejecutivo evaluar, en el futuro, el uso efectivo de estos dispositivos sin necesidad de modificar la ley.
«No tiene sentido dejar prohibidas estas opciones, porque si enfrentamos una crisis mayor de seguridad, tendríamos que iniciar otro proceso legislativo. Esta es una autorización condicionada, no una orden», argumentó.
EJECUTIVO
A pesar del respaldo generalizado, el Ejecutivo se mantuvo en una postura crítica. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, subrayó que el foco del proyecto debe ser la protección de los funcionarios, no la inclusión de herramientas que puedan confundirse con funciones policiales.
En la misma sesión, se aprobó un artículo que autoriza a los inspectores municipales a requerir la identificación de personas y realizar el decomiso de comercio ambulante.
Con este despacho, el proyecto está listo para que la Sala del Senado lo revise, donde el Gobierno anticipó que intentará revertir la indicación sobre armas no letales, citando razones técnicas y posibles inconstitucionalidades.
PETICIÓN DE ALCALDES
Previo a la votación, los alcaldes Mario Desbordes (RN, Santiago), Maximiliano Luksic (Ind.-UDI, Huechuraba) y Jaime Bellolio (UDI, Providencia) sugirieron postergar el debate sobre el uso de armas no letales para facilitar la aprobación general de la Ley de Seguridad Municipal.
Esta propuesta generó tensión dentro de Chile Vamos, ya que la presión para incluir herramientas como pistolas taser provenía de ese sector.
El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri (Ind.-RN), criticó abiertamente esta postura: «Lo peor es hacer cosas a medias», señaló, cuestionando la negativa de los ediles oficialistas a dotar a los municipios de armas no letales para enfrentar el delito.
COMISIÓN
A pesar de esta crítica, la comisión aprobó la indicación impulsada por la senadora Vodanovic, aunque la discusión aún no está cerrada.
Los alcaldes que propusieron postergar la discusión sobre las taser temen que insistir en este punto retrase todo el proyecto. Por ello, han decidido priorizar la necesidad urgente de contar con un marco legal que regule el rol de la seguridad municipal en el país.
ENFOQUE
«El enfoque debe estar en lo que hay consenso: más facultades fiscalizadoras, menos burocracia y protección efectiva para los inspectores», ha señalado Bellolio.
En la misma línea, Luksic ha advertido que no es adecuado convertir a los municipios en policías paralelos.
Desbordes, por su parte, ha reiterado que “por pragmatismo” prefiere aprobar el contenido principal de la ley ahora y dejar la discusión sobre las armas para más adelante.
