Durante 2023, la Municipalidad de Providencia, entonces liderada por Evelyn Matthei, activó una ofensiva contra el uso excesivo de licencias médicas en el municipio. Con auditorías internas y revisión de historiales, la administración UDI detectó casos de funcionarios con cientos de días fuera del trabajo, lo que llevó a cuestionar la compatibilidad de su estado de salud con sus cargos públicos.
La investigación, centrada en la Corporación de Desarrollo Social, expuso que tres docentes del área de educación acumulaban en conjunto 965 días de licencia en dos años, es decir, más de 10 meses por persona, por motivos tanto físicos como psicológicos.
No fue solo la cantidad de días lo que levantó alarmas. Según fuentes del municipio, la propia Matthei instruyó verificar si las licencias podrían ser ideológicamente falsas, un término técnico que sugiere que no hay sustento clínico real detrás del documento.
Una señal que avivó esta hipótesis fue que varios certificados provenían de distintos médicos, lo que generó sospechas de posible rotación deliberada para evitar control.
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LOS DESPIDOS
La Municipalidad invocó el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que permite declarar la vacancia de un cargo cuando el funcionario ha usado licencias médicas por más de seis meses en un período de dos años.
A diferencia de la salud irrecuperable –que da derecho a pensión– la “salud incompatible” implica que el funcionario no puede seguir cumpliendo su rol público, aunque no necesariamente esté inhabilitado de forma permanente.
Los tres funcionarios fueron despedidos y los cargos, declarados vacantes.
Los docentes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que sus condiciones de salud eran recuperables y que el municipio no contaba con informe de la Compin que avalara una desvinculación por salud irrecuperable. El tribunal falló dividido: respaldó dos despidos y rechazó uno.
Pero el caso no terminó ahí. Los tres recursos escalaron a la Corte Suprema, que dio un giro total. Revirtió los dos despidos avalados por la Corte de Apelaciones y confirmó el tercero, ordenando reintegrar a dos de los funcionarios a sus puestos de trabajo.
El fallo de la Corte Suprema estuvo lejos de ser unánime. Los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Mario Carroza votaron por reintegrar a los docentes. En cambio, Jean Pierre Matus disintió con fuerza. Sostuvo que los despidos no fueron arbitrarios y que los jefes de servicio deben priorizar la continuidad del funcionamiento estatal, incluso cuando eso implique dejar a alguien fuera por uso excesivo de licencias.
¿JURISPRUDENCIA INESTABLE?
Lo más llamativo es que la misma Corte Suprema falló de forma contraria en un caso casi idéntico en enero de 2024. Allí, la Tercera Sala —sin Muñoz ni Vivanco, pero con Matus, Valderrama y la abogada Coppo— validó el despido, señalando que tener más de seis meses de licencia en dos años, sin importar si la salud es recuperable, basta para declarar la incompatibilidad con el cargo.
Este cambio en la composición del tribunal dejó en evidencia una inestabilidad jurisprudencial que podría afectar futuros despidos por razones similares. La pregunta abierta es: ¿prima el derecho al empleo o la necesidad de que el Estado funcione sin interrupciones ni abusos del sistema?
LICENCIAS EN LA MIRA
Este debate coincide con el reciente informe de la Contraloría, que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, lo que reactivó la discusión sobre el uso (y abuso) de este derecho. Las cifras desataron sumarios masivos, investigaciones penales y presión política por endurecer los controles y sanciones.
En ese marco, el fallo de la Corte Suprema sobre Providencia genera más preguntas que certezas, especialmente para quienes buscan reformar un sistema en el que, hasta ahora, las consecuencias para quienes abusan son escasas o reversibles.
