El informe emitido por la Contraloría General de la República, que reveló que 25.078 trabajadores del sector público habrían incurrido en un uso indebido de licencias médicas, continúa generando nuevas revelaciones con el paso de los días. En ese contexto, el Ministerio de Hacienda junto con la Dirección de Presupuestos (Dipres) presentaron un balance preliminar sobre los sumarios administrativos iniciados por esta causa en el sector público.
Según este informe, los ministerios de Educación y Salud encabezan la lista tanto en número de casos como de funcionarios sometidos a procesos disciplinarios.
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En el caso del Ministerio de Educación, la Contraloría identificó a 3.381 trabajadores y las autoridades iniciaron sumarios contra la misma cantidad. En tanto, el Ministerio de Salud registró 2.193 funcionarios involucrados, de los cuales ya investigan administrativamente a 2.082.
Cabe recordar que ya son más de mil los funcionarios que han presentado su renuncia a la Administración Pública a raíz del escándalo por el uso irregular de licencias médicas, lo que da cuenta de la magnitud del problema y del impacto que ha generado en las distintas instituciones del Estado.
SUMARIOS
Hasta las 21:00 horas del lunes 26 de mayo, ya se habían iniciado sumarios en 131 organismos del gobierno central, lo que incluye a todos los ministerios.
Del total de casos expuestos por el órgano fiscalizador, 12.503 corresponden al gobierno central, lo que representa un 33% del universo total y abarca a 7.990 funcionarios. Es importante señalar que una misma persona puede haber utilizado más de una licencia médica.
De esos 7.990 trabajadores, se ha iniciado sumario a 6.592, mientras que la diferencia se explica en gran parte porque 1.102 ya no pertenecen a las entidades públicas afectadas. Además, hay al menos 272 casos que ya estaban siendo investigados anteriormente por este u otros motivos.
AUTORIDADES
Las autoridades precisaron que esos 1.102 exfuncionarios no necesariamente renunciaron por decisión propia; algunos dejaron sus cargos por cese de funciones o porque las instituciones los destituyeron antes de que surgiera esta situación.
Asimismo, se estableció que todos los casos detectados en el gobierno central deben ser objeto de un sumario administrativo, y que este proceso no considera a las municipalidades ni a las Fuerzas Armadas y de Orden.
Un dato relevante es que desde que Dorothy Pérez asumió como subcontralora, no ha recibido a la ANEF, pese a que la organización ha solicitado en cuatro ocasiones una reunión a través del mecanismo de lobby.
El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, volvió a insistir en este punto el lunes, tras la comisión de Salud del Senado, donde le pidió formalmente una instancia para abordar el tema de las licencias médicas y otros asuntos pendientes. Además, es importante precisar que los funcionarios cuestionados representan solo el 2,5% del total de trabajadores de la administración pública. Por lo tanto, no se debe generalizar ni atribuir reproches a todos los funcionarios del Estado por una práctica que arrastra décadas y que ha sido cometida por una minoría.
Finalmente, del análisis inicial realizado por los servicios públicos, se desprende que 1 de cada 10 funcionarios involucrados ingresó al aparato estatal desde 2022, mientras que el resto tiene una antigüedad mayor.
