Bajo estrictas medidas de seguridad se llevó a cabo la audiencia de comunicación de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, relacionada con el juicio en el que se condenó a 34 miembros del grupo delictivo Los Gallegos, uno de los brazos del Tren de Aragua, por su participación en los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, homicidio simple, homicidio de carabinero, secuestro extorsivo y porte de arma de fuego.
Este grupo operó en el extremo norte de Chile entre 2021 y 2022.
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«Para nosotros hoy se cierra un ciclo de una causa que consideramos bastante importante y relevante, no solamente en la región, sino que para el país. En total, las penas que se comunicaron hoy respecto de los 34 condenados suman más de 500 años», destacó el fiscal regional de Arica, Mario Carrera Guerrero, en la sede de la Fiscalía Nacional en Santiago, la tarde de este jueves.
RESOLUCIÓN UNÁNIME
En una resolución unánime, el 19 de noviembre el tribunal –integrado por los magistrados Sara Pizarro Grandón (presidenta), Óscar Huenchual Pizarro (redactor) y Sergio Álvarez Cáceres–, tras la deliberación correspondiente, dio por establecida la ocurrencia de los delitos comprobados, así como la participación de los acusados en diversos grados, dictando un veredicto condenatorio.
INDAGATORIA
La indagatoria comenzó en enero de 2022 y abarcó tres grandes procedimientos y operativos en Cerro Chuño. Este lugar había sido tomado por Los Gallegos, y allí se encontraron los cuerpos de tres víctimas de la banda.
El juicio comenzó el 22 de abril del año pasado y se desarrolló en modalidad semipresencial, dada la cantidad de involucrados y la seguridad de los participantes.
IMPUTADOS
Los imputados, quienes estaban internados en diversas cárceles del país, incluyendo Arica, La Serena, Rancagua, Concepción, Santiago y Puerto Montt, siguieron el desarrollo de las audiencias a distancia. Tras conocer las condenas, la banda planeó un ataque con coche bomba contra el tribunal.
TRIBUNAL
El tribunal evaluó 22 hechos en relación con los 38 imputados, 29 hombres y 9 mujeres, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota solicitó presidio perpetuo para 11 de los imputados, mientras que para los otros 27, las penas solicitadas superaban los 200 años en total.
«En innumerables pasajes de la acusación fiscal se vislumbró, por ejemplo, que se pedía condena para ciertos y determinados acusados, pero no se les nombraba en el hecho nuclear: y como no se les nombraba en este hecho, forzosamente había que absolver por cuanto una de las piedras angulares del debido proceso es el principio de congruencia: tiene que haber una explicación clara y concienzuda del hecho», razonó la jueza Pizarro tras la audiencia de noviembre.
«Por esa razón, hubo que absolver respecto de algunos capítulos de la acusación fiscal porque no cumplían con el principio de la congruencia que es esencial, pero el Ministerio del Interior hizo un muy buen trabajo y ajustó la individualización de los sujetos con el desarrollo de la premisa fáctica».
