Nacional y economía

Magistrados responsabilizan a Gendarmería por liberación de sicario

Javiera Sanzana

Periodista

magistrados
Foto referencial: Agencia Uno
Según detalla el comunicado, «la situación que permitió su salida ocurrió durante la tramitación administrativa de dicha medida, especialmente en la confección y gestión de los oficios de ingreso, etapa en la que detectaron inconsistencias que hoy investigan».

Mediante una declaración pública, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) expresó su «Profunda preocupación» ante la liberación de Osmar Ferrer, apodado el ‘sicario de Meiggs’, quien dejó la prisión preventiva que cumplía por su presunta implicación en el homicidio de José Reyes (43), conocido comerciante del Barrio Meiggs, en Santiago.

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La agrupación señaló que este episodio ha provocado «Un justificado e intenso debate público, no solo por el perfil del delito imputado, sino también por el conjunto de hechos que permitieron su liberación y que hoy son objeto de investigaciones de carácter administrativo y penal».

JUEZA

Además, recalcó que «Fue la propia jueza actualmente cuestionada quien ordenó expresamente la medida cautelar de prisión preventiva del imputado y su ingreso a un centro penitenciario».

Según detalla el comunicado, «la situación que permitió su salida ocurrió durante la tramitación administrativa de dicha medida, especialmente en la confección y gestión de los oficios de ingreso, etapa en la que detectaron inconsistencias que hoy investigan».

La ANMM también hizo un llamado de atención respecto al rol de Gendarmería, subrayando que, «Según información pública recibió dos comunicaciones oficiales con horarios distintos, sin haber representado de forma oportuna la inconsistencia ni haber consultado al tribunal».

ORGANIZACIÓN

Desde la organización enfatizaron que esto «Podría haber evitado la excarcelación».

Finalmente, el gremio afirmó que «Este hecho refuerza la necesidad de revisar los protocolos de actuación y comunicación entre órganos del sistema de justicia» y que «Esta situación obliga a una revisión exhaustiva de los protocolos administrativos, operativos e informáticos que regulan el ingreso y egreso de personas privadas de libertad, incluyendo las plataformas de tramitación electrónica judicial, los canales de comunicación interinstitucional y la actuación de los distintos órganos intervinientes».

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