A dos años del megaincendio que afectó a Valparaíso, la Contraloría General de la República dio a conocer cinco informes de auditoría en los que cuestiona el uso de recursos fiscales por parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, además de la Dirección Regional de Arquitectura.
De acuerdo con una investigación publicada por Interferencia, el organismo más observado es la Delegación Presidencial de Valparaíso, que en ese entonces estaba encabezada por Sofía González (PC), hoy diputada electa.
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Según los informes, la entidad habría efectuado pagos con sobreprecios y sin cumplir controles esenciales en contratos de emergencia que superan los $8.900 millones. Los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, que ya inició una investigación penal.
EMPRESA
La empresa más cuestionada es San Nicolás SpA, que recibió $6.725 millones mediante cuatro tratos directos y dos licitaciones para el arriendo de maquinaria y la ejecución de labores de despeje y demolición de viviendas dañadas por el incendio.
No obstante, la Contraloría pone en duda la idoneidad de la firma para desarrollar esos trabajos, sostiene que habría cobrado valores superiores a los del mercado y recoge una denuncia de camioneros subcontratados por la empresa, quienes aseguran no haber recibido los pagos correspondientes.
ACCIONISTAS
Pero, ¿quién está detrás de San Nicolás SpA?
De acuerdo con el último registro público disponible, fechado en noviembre de 2023, los únicos accionistas de la sociedad son Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Catalina Jara Briones, de 25.
Avilés aparece como representante de San Nicolás SpA ante la Delegación de Valparaíso y su firma figura en las resoluciones que regularizaron los contratos millonarios.
Con solo 19 años suscribió el primero de estos acuerdos, el 18 de julio de 2024, por $465.908.800, correspondiente al arriendo y operación de maquinaria. Posteriormente, el 2 de septiembre firmó otro contrato por $3.233.053.166; el 3 de septiembre uno por $1.230.364.800; y el 5 del mismo mes otro por $548.732.800. El 14 de octubre se sumaron dos más, por $157.270.400 y $50.360.800. Finalmente, el 24 de diciembre se firmó el último, por $1.041.012.000. En todos los documentos también estampó su firma la delegada Sofía González.
CONTRALORÍA
La Contraloría señala que, en los contratos revisados, la delegación habría pagado a San Nicolás SpA un eventual sobreprecio de $2.725.987.740, en comparación con los valores cancelados por la Municipalidad de Quilpué a otra empresa por servicios similares de arriendo de camiones tolva, retroexcavadoras y minicargadores, incluyendo conductor y combustible.
Asimismo, se detectó un posible sobreprecio de $1.036.336.252 en el arriendo de retroexcavadoras y minicargadores con operador y combustible, si se compara con los montos desembolsados por el mismo municipio a otra compañía.
GERENTE GENERAL
Tal como consigna Interferencia, los antecedentes sugieren que los jóvenes accionistas no serían quienes conducen efectivamente la empresa.
En los contratos iniciales, firmados en febrero de 2024, figura como representante de San Nicolás SpA Pedro Briones González, padre de Catalina Jara Briones. Además, en las cotizaciones presentadas ante la delegación aparece como gerente general de la sociedad.
Según registros públicos recopilados por Interferencia, San Nicolás SpA fue constituida el 30 de marzo de 2021 por María Briones González, hermana de Pedro Briones, con domicilio en la comuna de Coronel. En 2022, la propiedad pasó a manos de Wilson Fredy Vergara Mardones, empresario del rubro transporte en esa ciudad. En 2023, la titularidad quedó en manos de la hija de Briones y de Avilés, sobre quien Interferencia no ha logrado obtener mayores antecedentes.
El medio intentó contactar a Pedro Briones a través de los números registrados en Mercado Público para conocer su versión y las razones por las cuales su hija y Avilés figuran como accionistas de San Nicolás SpA, pero no obtuvo respuesta.
ANTECEDENTES JUDICIALES
Al revisar antecedentes judiciales, Interferencia constató que Briones presentó un recurso de amparo contra el Juzgado de Garantía de Concepción para evitar la imposición de una tobillera electrónica, en el marco de una causa por violencia intrafamiliar.
De acuerdo con la respuesta del tribunal, mantenía una orden de detención vigente desde el 18 de noviembre de 2024 por no presentarse a la instalación del dispositivo, además de una denuncia previa de la misma víctima en Viña del Mar, que terminó en suspensión condicional. El recurso fue finalmente rechazado por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2024 y la causa aparece concluida y bajo reserva.
EMPRESAS
En 2024, trece camioneros presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso. Aseguraron que no recibieron el pago luego de que los subcontrataran de manera informal para retirar los escombros que dejó el megaincendio de febrero de ese año.
Según la denuncia, incluida en el informe y recogida por Interferencia, los camioneros prestaron servicios a Comercial Renova SpA. Esta empresa habría trabajado para San Nicolás SpA, que obtuvo por trato directo la adjudicación para ejecutar las labores y proveer la maquinaria.
Los afectados acudieron al domicilio declarado por San Nicolás SpA en Concepción ante la Delegación Presidencial, pero verificaron que en esa dirección funcionaba un estudio contable. En ese contexto, los denunciantes concluyeron que “San Nicolás SpA sería una empresa sin domicilio real, que simula actividades empresariales y que no tiene bienes ni patrimonio, lo que, a su juicio, podría configurar un eventual fraude al fisco”, apunta el informe de Contraloría.
DOCUMENTO
El documento también señala que la Delegación Presidencial recibió la denuncia en octubre de 2024 y que Sofía González sostuvo una reunión de lobby con los camioneros el 19 de noviembre de 2024. Sin embargo, la entidad no habría “realizado diligencias mínimas orientadas a investigar o esclarecer” los hechos.
Como respuesta, la delegación sostuvo que, aunque uno de los denunciantes fue recibido en audiencia, no presentó documentos que acreditaran un vínculo formal entre su empresa y San Nicolás SpA. Además, según el informe, “tampoco encontraron evidencia que vinculara a San Nicolás SpA con Comercializadora Renova SpA”.
No obstante, los antecedentes revisados por Interferencia muestran relaciones previas entre los involucrados.
REGISTROS PÚBLICOS
Registros públicos indican que, desde 2017, Cristian Ramos Carrasco y Pedro Briones han compartido participación en Maquinarias Sur Chile Limitada, Transportes Perfección SpA y Huella Verde SpA. Asimismo, Ramos Carrasco fue accionista de Comercializadora Renova SpA entre septiembre y octubre de 2022, tras lo cual vendió su participación a Ester Acuña Opazo por un millón de pesos. Una operación similar realizó en Transportes Perfección, donde Acuña es actualmente la única accionista.
Aunque ya no mantiene participación societaria, registros de InfoLobby señalan que Ramos Carrasco actuó como gestor de intereses de Comercializadora Renova en una reunión con el Director Regional de Senapred de O’Higgins, Marcelo Montesinos, el 25 de julio de 2025.
En detalle, la Contraloría consigna que Comercializadora Renova habría facilitado al menos dos camiones aljibe, un camión cama baja, cuatro camiones tolva, una camioneta, dos excavadoras, un minicargador y hasta 15 trabajadores a San Nicolás.
Otro antecedente vincula a Briones con Maquinarias Temuco Limitada, empresa que —según el informe— habría aportado un camión aljibe, dos camiones tolva, una camioneta, una excavadora y cinco trabajadores.
De acuerdo con los registros públicos, Maquinarias Temuco Limitada fue constituida en 2016 por Angélica Garay Melita, Cecilia Vergara Pino y Pedro Briones González, quien en 2018 vendió su participación a Garay y dejó la sociedad.
