Nacional y economía

Megaincendios Valpo-Viña 2024: La Fiscalía Nacional abre investigación penal

Javiera Sanzana

Periodista

Fiscalía
Foto: Imagen creada con inteligencia artificial
La decisión de la Fiscalía llega tras la fiscalización de la Contraloría, que detectó pagos indebidos o sin respaldo, sobreprecios y deficiencias en los contratos y control interno durante el proceso de demolición de las casas.

La Fiscalía Nacional confirmó la apertura de una investigación penal tras recibir distintos informes elaborados por la Contraloría General de la República (CGR) que dan cuenta de posibles irregularidades en el proceso de demolición de viviendas siniestradas luego del megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.

El fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señaló que la institución analizó los antecedentes derivados de los informes finales de la CGR referidos a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y en función de ello decidió iniciar una indagación penal para determinar si los hechos constituyen delitos.

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Campos detalló que los documentos entregados por la Contraloría muestran graves fallas en el proceso de demolición de viviendas afectadas por el incendio, lo que involucra el uso de recursos públicos por montos que superan, al menos hasta ahora, los mil cien millones de pesos.

FISCALÍA

La decisión de la Fiscalía llega tras la fiscalización de la Contraloría, que detectó pagos indebidos o sin respaldo, sobreprecios y deficiencias en los contratos y control interno durante el proceso de demolición de las casas que resultaron dañadas o destruidas por los incendios.

El organismo fiscalizador incluyó estas observaciones en varios informes de auditoría, los que ya motivaron la apertura de sumarios administrativos y la remisión de antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.

Con esta diligencia, el Ministerio Público busca establecer responsabilidades penales respecto de la administración y destino de los recursos públicos asociados a la reconstrucción posterior a la catástrofe, marcando un paso clave en el escrutinio judicial de los hechos detectados por la CGR.

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