Megatoma de San Antonio: Minvu defiende expropiación y llama a “evitar la polarización” en medio de controversia política.
Gobierno responde a requerimiento presentado ante la Contraloría
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió a aclarar los fundamentos jurídicos y técnicos de la expropiación parcial del terreno donde se emplaza la denominada megatoma de Cerro Centinela en San Antonio. La respuesta surge luego de que un grupo de diputados de Renovación Nacional ingresara un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que revise la legalidad de la medida.
La expropiación contempla la compra de 100 hectáreas —de las 215 que conforman el predio completo— con un costo estimado en $11.000 millones, según cifras entregadas por el propio ministerio. Se trata de uno de los procesos de adquisición más grandes vinculados a asentamientos irregulares en la última década.
Minvu reafirma facultad expropiatoria y cita la Constitución
En una declaración pública, el Minvu aseguró tener “total respeto por la institucionalidad vigente”, precisando que la expropiación está plenamente respaldada por la Constitución Política, específicamente por el artículo 19 N°24, que regula el derecho de propiedad y sus límites.
“La potestad de expropiar se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios”, señalaron.
El ministerio agregó que la ley permite expropiar cuando existe una “causa de utilidad pública o interés nacional”, causal que —según afirman— se configura plenamente en el caso de la megatoma.
Cerro Centinela y la urgencia habitacional
El Gobierno sostiene que el campamento Cerro Centinela representa “una situación de urgente necesidad habitacional”. De acuerdo con el catastro del Minvu del año 2024, más de 11 mil personas viven en este asentamiento, lo que lo convierte en uno de los campamentos más grandes del país.
El ministerio insistió en que una sentencia de desalojo “debe cumplirse”, pero aclaró que aquello “no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu”. En ese sentido, recalcaron que el inmueble “no se vuelve inexpropiable” por existir un fallo judicial en curso.
Desalojo continúa en paralelo al proceso de expropiación
El Minvu también informó que ya presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo correspondiente a la parte del terreno que no será expropiada. Esto, para cumplir con la sentencia vigente y avanzar de manera simultánea en las soluciones habitacionales proyectadas.
“La expropiación no busca impedir el desalojo”, afirmaron. Según el ministerio, su finalidad es permitir la ejecución de programas habitacionales que integren a las familias del sector y a otros grupos que necesitan vivienda.
Llamado a evitar la polarización
Finalmente, el Minvu subrayó que el Gobierno está “proponiendo caminos institucionales” para responder al fallo judicial y abordar un problema “complejo y multidimensional”.
Asimismo, pidieron “evitar la polarización y el escalamiento del conflicto”, asegurando que presentarán todos los antecedentes “técnicos, sociales y jurídicos” ante las instancias correspondientes.
