Este viernes, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) llevó a cabo la expulsión de 36 individuos en el primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) de este año, con destinos en las ciudades de Guayaquil (Ecuador) y Bogotá (Colombia).
Según la información proporcionada por el Sermig, los primeros 21 individuos abordaron la aeronave en el Grupo 10 de la FACh, en Santiago, mientras que los restantes lo hicieron en la base Los Cóndores, ubicada en Iquique.
De estas deportaciones, 14 fueron ejecutadas por motivos administrativos, mientras que las 22 restantes se llevaron a cabo siguiendo órdenes judiciales.
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Entre las razones que motivaron las deportaciones judiciales de estos extranjeros, se encontraron casos de secuestro (4 personas), robo con violencia (8 personas), robo con intimidación (3 personas), porte ilegal de arma de fuego (2 personas), tráfico ilícito de drogas (2 personas), robo en lugar habitado (1 persona), hurto simple (1 persona) e incendio (1 persona), sumando un total de 36 extranjeros.
En el caso de las deportaciones administrativas, siete individuos fueron expulsados por ingresar por un paso no habilitado, cuatro por delitos asociados a la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas), uno por tráfico ilícito de drogas, uno por robo en lugar no habitado y uno por robo sorpresivo.
DEPORTACIONES
Sumando este vuelo de la FACh, en los primeros días del año se han efectuado 42 deportaciones, divididas en 20 administrativas y 22 judiciales. En comparación, durante el año 2023 se registraron 946 deportaciones, de las cuales 337 fueron administrativas y 609 judiciales.
Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, comentó : «Las personas expulsadas hoy del país han cometido delitos como secuestro, robo con intimidación, robo con violencia y porte de armas. Es fundamental destacar que, con este, ya suman ocho vuelos chárter con deportados durante el mandato del Presidente Gabriel Boric», añadiendo que para el gobierno es prioritario expulsar a individuos que hayan cometido delitos o tengan antecedentes penales.
En cuanto a la ampliación del número de deportaciones, Thayer señaló: «Es crucial avanzar en la tramitación del proyecto que permite deportar a personas que están cumpliendo condena por delitos asociados a la ley 20.000. Nuestras cárceles se encuentran saturadas con personas que han cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas y, actualmente, no podemos deportarlas hasta que cumplan su condena».







