El «Movimiento No Más Víctimas», integrado por personas de la sociedad civil que exigen mayor acción estatal frente a la crisis de seguridad, dio a conocer un nuevo informe que analiza la situación delictual del país.
Entre sus integrantes se encuentran figuras como el dueño de la Antigua Fuente, Carlo Siri, y la exdirectora de los liceos Manuel Barros Borgoño y Darío Salas, Lilian Vincent. Junto a otros colaboradores, presentaron el documento titulado «Seguridad quebrada, justicia sin dientes y barrios sin defensa».
ORGANIZACIÓN
En este informe, la organización plantea diversas propuestas y políticas públicas para enfrentar el actual escenario de inseguridad. Las recomendaciones fueron elaboradas por su equipo técnico, dirigido por José Miguel González, quien señala que «Nuestro movimiento está entregando ayuda judicial y psicológica a las víctimas, porque el Estado está llegando muy tarde».
González subraya que una de las principales prioridades es «Recuperar el orden público y control del territorio. Sin eso, todo lo demás se cae. Necesitamos presencia permanente del Estado: patrullajes coordinados, inversión en prevención, apoyo a los municipios. Y necesitamos escuchar lo que pasa de verdad».
NUEVOS CRITERIOS DE ANÁLISIS
El informe se estructura en cinco ejes. El primero cuestiona que, aunque algunos datos muestran una disminución en los delitos, eso «No muestra la historia completa».
González recalca que «El gobierno celebra una baja del 2,4%, pero los homicidios superan las 300 víctimas, las violaciones las mil, y los robos violentos siguen creciendo. ¿A quién le hablan esas cifras? La realidad de la calle es otra: la gente ya no denuncia porque siente que no sirve de nada, que nadie va a llegar».
Por ello, el movimiento propone ampliar los criterios de evaluación de las políticas de seguridad, incorporando una mirada más integral que incluya la «Reparación efectiva y el trato digno de las víctimas».
TEMOR AL DELITO
En ese sentido, proponen medir también el «Porcentaje de personas que han modificado sus hábitos cotidianos por temor al delito», y considerar variables como el «Abandono estatal», el número de «Redes de autoprotección vecinal», la «Evaluación al tiempo de respuesta ante emergencias» y la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad a nivel local.
«Incorporar estos indicadores permitiría evaluar con mayor precisión el impacto de las políticas de seguridad y, al mismo tiempo, orientar acciones hacia la reparación efectiva de las víctimas. Sin estos elementos, cualquier mejora estadística seguirá siendo vivida como lejana o irrelevante por la ciudadanía», concluye el documento.
INSEGURIDAD
Ante modalidades delictivas como los portonazos, los llamados «Turbazos» o lo que la ONG describe como «El delito entre a la casa», se propone la creación de un Fondo Nacional de Seguridad Territorial.
Este fondo permitiría entregar recursos directamente a los municipios, modificar la Ley de Municipalidades para ampliar sus atribuciones preventivas y establecer un protocolo de cooperación entre instituciones.
CRISIS DE SEGURIDAD
González advierte que «Chile está atravesando una crisis de seguridad que ya no se puede maquillar con cifras. Hoy el miedo se ha instalado en lo más profundo de la vida cotidiana: en la casa, en el dormitorio, en las veredas de los barrios donde el narco se hace más presente que el propio Estado».
El tercer eje del informe propone una reforma estructural al sistema procesal penal, que contemple la protección efectiva de testigos, reducción de plazos, modernización de las herramientas de investigación y un nuevo equilibrio del principio de proporcionalidad para los delitos violentos.
Además, plantean la creación de una Defensoría de las Víctimas, el endurecimiento de penas en la justicia juvenil y la adecuación del sistema penal para mejorar la capacidad del sistema penitenciario.
ENFRENTAR EL CRIMEN
Como cuarto punto, el movimiento enfatiza que «El combate contra la delincuencia y el crimen organizado no se gana solo en la mano dura ni en los tribunales. También se libra en las salas de clases, en los centros de rehabilitación y en la probidad. Ignorar esas dimensiones es seguir jugando el juego del narco en su propio terreno».
RECUPERAR LOS TERRITORIOS
El quinto eje del informe, titulado «Zonas donde el Estado no llega», propone implementar un Plan Nacional de Recuperación Territorial.
Este plan implicaría transferencias directas de recursos a los municipios para fortalecer la seguridad local e invertir en infraestructura pública.
Asimismo, sugieren la creación de una ley que sancione «Actos públicos de apología al crimen organizado, con sanciones específicas a quienes organicen o promuevan actividades que refuercen la legitimidad social de estructuras criminales».
SANCIONES
En palabras de González: «No se puede permitir que el narco tenga símbolos, homenajes, funerales que paralizan barrios enteros (…) necesitamos una ley que sancione estos actos y recupere el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Esto no es una pelea de cifras, es una lucha por el alma de nuestros barrios”.
Finalmente, la organización concluye que «Se requiere más que control: se necesita presencia visible del Estado, reparación efectiva a las víctimas y una nueva forma de medir el impacto del delito. No solo contando hechos, sino captando cómo se viven y cuánto destruyen».
