La Fiscalía formalizó a una mujer chilena de 51 años por los delitos de homicidio frustrado reiterado y maltrato habitual, tras acusarla de mantener a su hijastro de 13 años viviendo en condiciones inhumanas en el patio de su casa, sin permitirle ingresar al domicilio, golpeándolo con frecuencia, alimentándolo con sobras y prohibiéndole usar el baño.
Según detalló en audiencia la fiscal Paula Arancibia, entre noviembre de 2023 y abril de este año, la imputada identificada como G.C.E.A. agredió al menor con un palo, un martillo y distintos objetos.
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Además, le provocó heridas con cuchillo, asfixias y quemaduras con una plancha, con la intención de quitarle la vida.
NIÑO
El niño no tenía acceso al baño, por lo que debía hacer sus necesidades en botellas en el mismo patio donde vivía y dormía. Al momento de ser rescatado, presentaba un grave cuadro de desnutrición y un peso de solo 39 kilos.
La mujer también ejerció violencia física y psicológica de manera reiterada: lo obligó a abandonar sus estudios, lo dejó en la vía pública en varias ocasiones y lo agredía verbalmente con frases como «nadie te quiere», «estás endemoniado» o «te gusta que te violen».
TESTIMONIO CLAVE
El testimonio del menor, entregado a través de una entrevista video grabada, fue esencial para avanzar en la investigación. A esto se sumaron los relatos de denunciantes y videos captados por vecinos que registraron los abusos.
«La declaración del niño fue clave», explicó la fiscal Arancibia, quien además señaló que el padre del menor tiene prohibición de acercarse tanto a la víctima como a la imputada, por antecedentes de violencia intrafamiliar.
Gracias a la oportuna intervención del equipo médico del Hospital Regional y la coordinación con el Servicio Médico Legal, se logró obtener un informe detallado que confirmó la gravedad de las lesiones, el estado de desnutrición y las condiciones en las que vivía el niño.
Debido a la extrema violencia ejercida y el riesgo para la víctima, el tribunal decretó la prisión preventiva para la mujer, por considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad. El plazo de investigación se fijó en 90 días.
