En el marco del caso Muñeca bielorrusa, la exministra de la Corte Suprema adoptó una nueva estrategia. Por primera vez, marca diferencias con su esposo. La defensa busca que el tribunal la evalúe por actos propios. Esta nueva línea debutará en el alegato de la apelación a su prisión preventiva que se verá esta semana.
Estrategia legal
La defensa de Vivanco, encabezada por el abogado Jorge Valladares, no solo instaló como argumento la edad y el estado de salud de la ex jueza. Asimismo, aseguró que su situación debe ponderarse de manera distinta a la de su esposo en la cautelar. También mencionó un cáncer en remisión como antecedente relevante.
El defensor sostuvo que ese escenario médico debería considerarse al revisar la detención. En esa línea, pidió revertir la orden emitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El planteamiento apunta a cuestionar la proporcionalidad del procedimiento.
Según explicó Valladares, la prisión preventiva no respeta plenamente el debido proceso. Dijo que tampoco se le había dado tiempo suficiente para revisar la carpeta investigativa, lo que afecta el derecho a la defensa.
Además, Valladares insistió en separar la imputación penal de la relación de Vivanco con su pareja. A juicio de la defensa, el vínculo afectivo no prueba una conducta delictiva. También afirmó que no existe prueba directa de coordinación con Migueles.
Desde esa perspectiva, el abogado sostuvo que no corresponde extender responsabilidad por asociación. Planteó que cada imputación debe sostenerse con antecedentes específicos. Con ello, intentó aislar el caso de Vivanco del de su entorno.
Intento de desligarse de su pareja en el proceso
Esta nueva línea central apunta al vínculo con Gonzalo Migueles, también investigado, formalizado y encarcelado. La defensa sostuvo que esa relación no equivale a culpabilidad conjunta. También cuestionó que se use como base para cautelares extremas.
El equipo legal remarcó que el tribunal debe evaluar a Vivanco de manera individual. Esa diferenciación aparece como el eje nuevo de su estrategia.
Este enfoque contrasta con lo expuesto por la fiscalía en audiencias previas. El Ministerio Público ha planteado vínculos prolongados con abogados involucrados. Además, indicó que los dineros investigados se habrían ligado a favores judiciales.
La defensa respondió que esa lectura se apoya en presunciones, no en prueba directa. También dijo que una relación afectiva no puede reemplazar evidencia penal concreta. Por ello, pidió centrar el análisis en actos atribuibles a Vivanco.
En esa línea, insistió en un principio básico del derecho penal. El tribunal debe evaluar conducta propia y antecedentes verificables. No debe asumir responsabilidad como extensión de otra persona imputada.
La apelación
Declarada admisible la apelación el pasado viernes, tratándose de un proceso que tiene a una persona presa, la vista de la causa será esta semana. En esa instancia, el Ministerio Público reiterará los cargos contra Vivanco. Cohecho y lavado de activos y confirmará que estima su libertad un riesgo para la sociedad. También ha sido acusada de ocultar evidencias.
La acusación contra la exministra de la Suprema se enmarca en la llamada “trama bielorrusa”. La imputación considera que favoreció, contra pagos recursos presentados ante su sala en la Corte Suprema. Esos fallos habrían beneficiado a un consorcio chileno-bielorruso y perjudicado en cifras siderales a Codelco.
Esos pagos se habrían producido después de esas resoluciones y generaron una operación especial de lavado de dineros. Ese punto sostiene en parte de la tesis del Ministerio Público.
Se trata de un proceso penal con alta exposición pública. También genera tensión por los estándares aplicados a ex autoridades judiciales.
