La Contraloría General de la República zanjó —por tercera vez en menos de diez años— un tema que ha generado creciente tensión entre alcaldes y el Estado. Los municipios no pueden armar a sus inspectores con dispositivos no letales.
Según detalla La Tercera, la resolución, fechada el 24 de febrero de 2025, responde a una consulta hecha por el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (ind.), y vuelve a remarcar un principio que ya parecía claro.
“Los municipios no están habilitados para comprar dispositivos destinados al control del orden público para proporcionar a sus funcionarios”, dice el dictamen. La función de mantener el orden sigue siendo exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones, como lo establece el artículo 101 de la Constitución.
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«LA PELEA POR LOS LÍMITES»
La polémica no es nueva, pero sí está más activa que nunca. La Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMSZO), liderada por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), elevó otra consulta para evaluar el uso del BolaWrap, un dispositivo que inmoviliza sin causar daño letal.
Aunque la CGR aún no responde oficialmente a esa solicitud, ya dejó claro que solo pueden autorizarse elementos defensivos, no herramientas coercitivas.
“La CGR ha dicho que los municipios pueden adquirir herramientas o armas para sus guardias solo si la ley las identifica como elementos de defensa personal y no para el control del orden público”, subraya Alessandri. Y agrega. “Bajo esa lógica cabe preguntarse entonces si las taser o las BolaWrap son usadas para el control del orden público. Yo pienso que no”.
UNA BATALLA QUE LLEVA AÑOS
Esta no es la primera vez que el órgano contralor le cierra la puerta a la idea de municipios armados. En 2017 ya había señalado que los funcionarios comunales no pueden portar herramientas propias de las policías, incluso si se argumenta que son para su protección. En 2021, reforzó ese criterio. Los inspectores no pueden asumir tareas que impliquen el uso de armas, aunque estas sean no letales.
Pese a todo, la discusión sigue viva. Mientras varios alcaldes presionan para dotar a sus equipos de instrumentos de defensa, desde el Ejecutivo advierten que esto podría poner aún más en riesgo a los propios inspectores.
LA ÚLTIMA PALABRA
El tema también llegó al Senado, donde se debate la Ley de Seguridad Municipal. Una indicación presentada por la senadora Paulina Vodanovic (PS) plantea permitir el uso de tasers, armas de aire comprimido y gas pimienta como medios de defensa para inspectores. La propuesta ya pasó a la sala, pero aún enfrenta resistencias.
En medio del debate, la CGR incluyó una advertencia inédita en su último dictamen: no puede definir qué elementos califican como defensa personal o no.
“Atendido su carácter eminentemente técnico y dada la ausencia de normas que regulen en específico dicho aspecto, corresponde a los órganos colegisladores la definición de tal tipo de asuntos”, puntualiza el texto.
Curiosamente, no todos en la derecha apoyan la idea de apurar el armamento. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), pidió frenar la discusión para no dilatar más la tramitación de la ley general de seguridad.
¿Qué opinas? ¿Deberían los inspectores municipales la posibilidad de portar armas no letales?
