Este miércoles, se dio a conocer que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco fijó para el próximo jueves 13 de marzo el inicio del juicio oral contra los involucrados en la denominada Operación Huracán.
En detalle, la instancia es contra diez oficiales y suboficiales de Carabineros, junto a un civil. Los cuales, al momento de los hechos, prestaban labores en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE) de La Araucanía.
Cabe precisar que a los acusados se les imputan los delitos consumados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público e infidelidad en la custodia de documentos. También violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros.
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JUICIO ORAL
El tribunal estará integrado por los magistrados Rocío Pinilla, Javier Bascur y Patricia Abollado. Los cuales, tras dar lectura a la acusación, fijaron la fecha para los alegatos de apertura del juicio oral en contra de los uniformados.
Desde el Poder Judicial informaron que «el juicio oral se desarrollará de manera híbrida (presencial y remota) en aproximadamente 100 jornadas de 09.00 a 13.00 horas. Asumiendo el magistrado José Ignacio Rau Atria como juez alterno».
Junto con ello, detallaron que la «apertura será transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial (www.poderjudicialtv.cl). Al igual que los alegatos de clausura, veredicto y comunicación de sentencia».
OPERACIÓN HURACÁN
Este caso surge tras un operativo investigativo iniciado por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia y que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches.
Los arrestados, supuestamente, habrían estado involucrados en una asociación ilícita terrorista con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu.
Sin embargo, en enero de 2018, el Ministerio Público informó que había descubierto mediante pericias técnicas que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas que incriminaban a los detenidos.
Según la Fiscalía, esto se hizo «mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares. Razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita».
