La segunda jornada de la audiencia de formalización por el megafraude bautizado como “Operación Imperio” no solo definirá la suerte de los líderes de un clan familiar acusado de amasar fortunas ilícitas, sino también pondrá a prueba la credibilidad del propio sistema judicial. Entre los imputados figura un funcionario del Tribunal Oral en lo Penal, a quien se le atribuye el rol de asesor jurídico de la organización criminal y la facilitación de su identidad para registrar un helicóptero.
LA DOBLE DIMENSIÓN DEL CASO
Si bien la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 22 imputados restantes —incluidos los tres hermanos cabecillas, su padre y el trabajador judicial— el trasfondo del proceso trasciende el ámbito delictivo. La participación de un funcionario del Poder Judicial instala un debate sobre la permeabilidad de las instituciones frente al crimen organizado y la necesidad de reforzar los controles internos para evitar infiltraciones que socaven la confianza ciudadana.
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El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la magnitud del operativo y lo calificó como uno de los golpes más relevantes contra el lavado de dinero en los últimos años, pero también se vio obligado a subrayar la importancia de preservar la integridad institucional.
UN PATRIMONIO BAJO SOSPECHA
La red, liderada por un clan familiar, levantó un patrimonio estimado en más de 3 mil millones de pesos mediante estafas reiteradas, falsificación de documentos, usurpación de identidad y créditos fraudulentos. Entre los bienes incautados figuran vehículos de alta gama, joyas, embarcaciones e incluso una avioneta.
Pese a ello, la defensa de uno de los presuntos cabecillas insiste en que los bienes son justificables y que puede demostrar su origen legal, lo que anticipa una batalla judicial de largo aliento. El tribunal otorgó ocho meses de plazo para la investigación, lapso en que se pondrán a prueba las versiones contrapuestas.
IMPACTO Y PROYECCIÓN
Más allá de las cifras millonarias y los bienes de lujo, el caso plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para blindar sus propias estructuras frente a la corrupción y la captura criminal. La eventual prisión preventiva de un funcionario judicial marcaría un precedente delicado: el crimen organizado no solo logró consolidar una red financiera, sino que también alcanzó a quienes debían velar por el cumplimiento de la ley.
“Operación Imperio”: la PDI y la Fiscalía, con apoyo del SII y el FBI, desmantelaron una red criminal que opera desde 2019, con testaferros, empresas ficticias y títulos falsos. Se detuvo a 41 personas y se incautaron vehículos de lujo, avioneta, inmuebles y más de $3.000… pic.twitter.com/zTbBKzUr3n
— AgenciaUno (@agenciaunochile) August 28, 2025
