El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y el fiscal Alfredo Cerri, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, entregaron este jueves los resultados del operativo “Muralla Oriental”.
La acción conjunta entre el Ministerio Público y la PDI permitió desarticular a una agrupación compuesta por ciudadanos chinos y chilenos que utilizaba el barrio Meiggs como base para distintas actividades ilícitas, ocultas bajo el funcionamiento de comercios establecidos en la zona.
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Durante el procedimiento se registraron cerca de 60 inmuebles y se detuvo a más de 25 personas, entre ellas un funcionario de Carabineros que fue expulsado de la institución. Además, se incautaron más de 600 millones de pesos en efectivo, junto con drogas, armas y munición.
OPERATIVO
En la investigación también participaron Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.
Las autoridades explicaron desde el cuartel de la PDI en Santiago, en la calle General Mackenna, que los detalles del caso serán expuestos durante la audiencia de formalización programada para este viernes.
La indagatoria permitió relacionar distintos hechos delictivos ocurridos en el sector.
“Los delitos que parecieran estar aislados formaban parte de una misma estructura”, sostuvo el ministro Cordero, destacando el “trabajo interdisciplinario” que hizo posible el operativo.
LA HAWALA
Según la investigación, la organización utilizaba un sistema financiero informal conocido como la hawala para mover los recursos obtenidos de sus actividades criminales.
El director de la PDI señaló que se trata de “una forma bastante antigua de mover dinero, aunque en realidad son flujos que no se mueven, es como por compensación”.
Añadió que “se reciben o se administran montos en un lugar que deben ser, entre comillas, canjeados en otro lado, y tengo otra contraparte en otro lado que ella hace el canje, y no hay flujo, no hay traspaso de dinero, solamente hay compensaciones”. Debido a su funcionamiento, dijo, “es tan difícil de pesquisar”.
“Es un pago de derechos establecidos en cada punto de recepción y canje. Opera fuera del mercado, sin trazabilidad y sin desplazamiento de los montos”, detalló.
CARABINERO ENTREGABA INFORMACIÓN
El fiscal Cerri confirmó que el funcionario de Carabineros detenido participaba entregando datos sensibles: “entregar información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales y por eso recibía una remuneración”.
El persecutor agregó que la causa incluye hechos de secuestro vinculados al modo de operar de la red criminal.
“Se realizan por las organizaciones criminales para efecto de controlar ciertos mercados. En el entendido que las organizaciones para obtener beneficio económico en su giro necesitan que las personas que realizan la actividad económica les tributen. Entonces, ¿Cómo los fuerzan a eso? Por medio primero de extorsión y posteriormente por secuestro. En ese contexto es que se circunscriben los secuestros que fueron investigados en esta causa», explicó.
