Esta semana, diversas organizaciones feministas y de derechos humanos alzaron la voz para exigir la aprobación inmediata del nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia.
Cabe señalar que esta normativa ingresó hace un año a la Contraloría General de la República. Por ello, denuncian una demora que está afectando directamente el acceso al aborto legal en Chile.
Lo anterior, respecto a lo establecido por la Ley 21.030, en cuanto a las tres causales: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación.
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NUEVO REGLAMENTO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA
A través de un comunicado, firmado por diversas organizaciones, se denuncia el extenso período de tramitación que, según afirman, cuesta dignidad, salud y derechos a mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.
En ese sentido, la misiva indica que «cada día sin actualización del reglamento es un día en que se siguen vulnerando derechos humanos bajo la excusa de una regulación deficiente».
Asimismo, sostiene que cada jornada de espera «es una más en que una niña violada puede ser forzada a parir, o una mujer con diagnóstico de inviabilidad fetal debe peregrinar por la red de salud para ejercer un derecho garantizado por ley, pero no siempre garantizado en la práctica».
«La normativa actual permite que profesionales de la salud, incluso en servicios públicos, nieguen el acceso al aborto legal, amparándose en una interpretación extensiva y permisiva de la objeción de conciencia.
En algunos hospitales del país, más del 45% del personal ginecológico se declara objetor ante la causal de violación, lo que imposibilita una atención adecuada», señala el texto.
ABORTO EN TRES CAUSALES
El comunicado también cuestiona: «¿Cómo se puede ejercer el derecho si no hay quien lo garantice? ¿Cuánto más se va a dilatar una decisión política que debiese ser técnica, ética y urgente?».
Las organizaciones firmantes exigen a la Contraloría que «dé curso a la toma de razón del nuevo reglamento». Además, subrayan que «este documento no restringe la libertad de conciencia personal, pero regula aspectos clave para garantizar el derecho de las personas a la salud y el acceso a una atención oportuna, digna y legal, como mandata la ley vigente».
Por último, el texto hace hincapié en que el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas y normativas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos por ley. En esa línea, cabe señalar que, se espera que la próxima semana se presente un proyecto de ley por el aborto legal.
