Desde el miércoles 31 de octubre, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría de la Niñez se encuentran en una paralización nacional.
Esto, debido a la demora en una serie de demandas y el surgimiento de otros nuevos escenarios. Los cuales, a juicio de sus asociados, ponen en riesgo la autonomía de la institución y la protección de los derechos laborales.
En concreto, esto lo explican en un petitorio que contiene 25 demandas. Cabe señalar que este fue entregado la semana pasada al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
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FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA
A través de un comunicado, se dio a conocer que han logrado avanzar en la negociación de los cinco puntos más urgentes.
En esa línea, cabe señalar que esta Asociación agrupa a casi el 80% de la dotación nacional de base de dicha institución.
Pese a los importantes avances, hay dos aristas que entrampan hasta ahora las conversaciones y que, señalan desde la Asociación, son fundamentales para esta movilización. Esto, debido a que no sólo se refieren al ámbito netamente laboral, sino que afectan la autonomía institucional.
«No podemos permitir que la gestión técnica de la institución quede supeditada a la gestión política. Porque esto significaría un grave daño a la niñez y adolescencia que por ley estamos mandatados a defender», declara en el escrito el presidente de la Asociación, Gabriel Marín.
PUNTOS EN CONFLICTO
Según detallan, las demandas se refieren, por una parte, a un reciente cambio en el organigrama institucional y las delegaciones de funciones que entrega el Defensor a parte de su equipo de Gabinete.
Cabe señalar que lo mismo ocurre con las coordinaciones de sedes regionales, que actualmente también dependen de la jefatura de Gabinete.
«Esta demanda va más allá de las personas que hoy ocupan los cargos, tiene que ver con exigir un resguardo institucional a nuestra autonomía, que es fundamental para la defensa de los derechos humanos, y que como funcionarias(os) buscamos que sea un pilar de esta y de cualquier otra administración de la Defensoría de la Niñez», dice Gabriel Marín.
Por otra parte, la Asociación exige que el Defensor de la Niñez pueda pronunciarse frente a la aplicación de legislación laboral relativa al Código del Trabajo. Esto, debido a que los contratos de sus funcionarios, por ley, son bajo esta modalidad.
Sin embargo, señalan que han existido trabas para aplicar la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral y la Ley de 40 horas.
«Esta situación no sólo impide el ejercicio de nuestros derechos laborales, sino además, nuevamente, pone en entredicho la autonomía institucional.
Ya que, a pesar de que hasta el Comité de los Derechos del Niño recomienda ejercer dicha autonomía hasta en los ámbitos administrativos, la dirección actual no ha tomado acciones para hacer esto concreto», enfatiza el presidente de la Asociación.
