Hace pocos días se conoció un cambio en los parámetros de medición de la pobreza en Chile. Ello llevó a un aumento significativo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Está Pasando quiso profundizar el tema y, estas, son las conclusiones a que se arribó.
Era el porcentaje más bajo desde que se tiene registro, lo que fue considerado un logro. Sin embargo, nuevas recomendaciones elaboradas por la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza revelaron que esa cifra estaba lejos de reflejar la realidad: la pobreza, bajo una mirada más rigurosa y multidimensional, alcanza en realidad al 22,3% de la población.
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y parte de la Comisión Asesora Presidencial, explicó a Está Pasando que la medición de la pobreza «es un ejercicio sofisticado y complejo». Si bien el país ha mejorado los instrumentos para cuantificarla, aún persisten desafíos metodológicos relevantes. Un ejemplo de ello es la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF): «La EPF 7 no capturaba los precios, de manera que había que imputar precios, con la EPF 8 se obtienen los precios reales».
Eyzaguirre sostiene que contar con mejores datos permite afinar las mediciones. Sin embargo, advierte que «hay que atender a las circunstancias». En ese sentido, explica que los efectos de la pandemia, como los retiros previsionales y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), distorsionaron los patrones de gasto, lo que hace poco recomendable el uso de la EPF 9. «Obviamente, en la medida que tenemos mejores datos, mejoramos la medición de la pobreza», afirma.
CONDICIONES DE VIDA
Este salto no responde a un empeoramiento de las condiciones de vida, sino a una actualización metodológica que pone en evidencia la magnitud de las carencias que viven muchos hogares chilenos. Aspectos como la calidad de los alimentos, el costo real de la vivienda, la conexión digital o el acceso efectivo a servicios de salud y educación cobran ahora una relevancia central.
Valorar este trabajo técnico es también reconocer su profundidad política: lo que no se mide, no se ve. Y lo que no se ve, no se enfrenta. Por ello, una década después de la última revisión, la Comisión asumió el desafío de perfeccionar los instrumentos de medición de la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, modernizando criterios y adaptándolos a los cambios sociales y económicos del país.
Si se aplicara esta nueva metodología a años anteriores, las cifras también aumentarían: de un 8,7% en 2017 a un 24,2%, y de un 10,8% en 2020 a un 32,2%. Así, la evolución estimada sería: 24,2% en 2017, 32,2% en 2020 y 22,3% en 2022.
POBREZA POR INGRESOS
La pobreza por ingresos se estima evaluando si los hogares logran cubrir una canasta básica de bienes esenciales. Esta se construye a partir de los patrones de consumo del primer quintil de menores ingresos que cumplen con una ingesta mínima de 2.000 calorías diarias. A ello se suma el gasto en bienes no alimentarios y, a partir de estos datos, se determina la línea de pobreza, que luego se compara con los ingresos declarados en la encuesta Casen.
En cuanto al contenido nutricional de la canasta básica, la experta enfatiza que «ambos criterios son necesarios, suficientes calorías y que a su vez sean nutricionales». No basta con alcanzar un umbral calórico mínimo, también es clave la calidad de los alimentos incluidos.
Para el futuro, plantea que «Chile está en un estado de desarrollo tal que debiera evaluar metodologías distintas», tomando como referencia ejemplos internacionales: una canasta normativa como la de Canadá o enfoques basados en carencias, como los que utiliza la Unión Europea.
Una de las principales críticas que hizo la Comisión fue el uso de datos desactualizados: la tasa oficial de 2022 se calculó utilizando la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2012, solo ajustada por IPC.
En más de una década, no solo han cambiado los precios, sino también los hábitos de consumo. Si se hubiera usado la EPF 2017, la tasa habría sido 15,9%. Aun así, hoy estamos en 2025 y la medición continúa rezagada. La EPF 2022 fue descartada por considerar que sus datos están distorsionados por los retiros previsionales y subsidios de pandemia. Esto refuerza la urgencia de institucionalizar revisiones más frecuentes.
CALORÍAS DIARIAS
Otro foco de revisión fue el criterio de las 2.000 calorías diarias. En una sociedad donde la obesidad se ha convertido en una pandemia silenciosa, este umbral resulta insuficiente. La Comisión propone avanzar hacia el concepto de «alimentación saludable», disminuyendo en un 50% el consumo de alimentos ultraprocesados en la canasta de referencia. Aunque esta mejora tendría un impacto marginal en la tasa de pobreza, marca un cambio de enfoque necesario.
El informe también cuestiona el uso del arriendo imputado, un ingreso ficticio que se asigna a los hogares que viven en viviendas propias.
Su valor se calculó en 2012 y no refleja el alza sostenida del costo habitacional. Esta subestimación ha llevado a excluir del conteo de pobreza a hogares que no tienen ingresos monetarios suficientes para cubrir lo básico.
En suma, las propuestas permiten corregir distorsiones acumuladas, visibilizar realidades ocultas y actualizar la medición para que refleje con mayor fidelidad las condiciones que enfrentan miles de hogares en Chile.
POBREZA MULTIDIMENCIONAL
La pobreza multidimensional se introdujo en Chile en 2015 como un complemento a la medición por ingresos, considerando que el bienestar depende de múltiples factores.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) evalúa cinco dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Un hogar se considera pobre si acumula carencias equivalentes a una dimensión completa.
Actualmente, la pobreza multidimensional alcanza un 16,9% de la población, en descenso desde el 20,3% de 2015. La Comisión propone reforzar el IPM manteniendo sus cinco dimensiones, pero aumentando de tres a cuatro los indicadores por cada una y asignando igual ponderación a todas. Se eliminan criterios obsoletos, se ajustan umbrales y se incorporan nuevas variables.
EDUCACIÓN, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
En salud, se elimina la adscripción y se mejora el acceso, pero sigue sin medirse la oportunidad en la atención, una de las principales falencias del sistema.
También se introduce un indicador de dependencia funcional y se reemplaza la malnutrición infantil por inseguridad alimentaria, aunque esta decisión genera debate, ya que podría solaparse con la medición de ingresos.
En trabajo y seguridad social, se amplía la medición del subempleo e incluye un nuevo indicador sobre cuidados no remunerados, lo que permite identificar hogares donde alguien no puede trabajar por cuidar a otra persona.
VIVIENDA
En vivienda, se agrega un indicador de asequibilidad, considerando carentes a los hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.
Uno de los puntos más controversiales es el tratamiento del alquiler imputado, un ingreso ficticio asignado a quienes viven en viviendas propias. Según Eyzaguirre, esto presenta al menos dos problemas: «La primera es que no tenemos buenos datos para su reajuste anual.
El segundo, es que ese dinero que se imputa no es fungible, no sirve para comprar alimentos». Esto puede llevar a situaciones absurdas: «Tenemos casos donde familias que no tienen ingresos autónomos no caen bajo la línea de la pobreza por el alquiler imputado».
Sin embargo, no se distingue entre arrendatarios y propietarios con dividendos, lo que podría distorsionar la medición.
En redes sociales, se aumenta la ponderación de la dimensión y se incluyen nuevos indicadores, como conectividad digital y percepción de seguridad en el entorno.
Las mejoras propuestas permiten avanzar hacia una medición más representativa y enfocada en carencias abordables mediante políticas públicas, sin perder de vista que detrás de cada número hay personas con historias, necesidades y derechos.
SUGERENCIAS
Dentro de las sugerencias entregadas, la Comisión plantea incorporar el enfoque de «Alimentación saludable», inspirado en una variante del método propuesto por la Cepal. Esta propuesta contempla reducir en un 50% el consumo de alimentos ultraprocesados, «Sin que se redistribuya ese gasto en otros productos de la canasta».
En cuanto a la vivienda, se sugiere «No considerar el alquiler imputado en los ingresos ni en la línea de la pobreza» y establecer dos líneas de medición distintas: una para quienes arriendan y otra para quienes no lo hacen.
Además, se plantea que la actualización del valor del arriendo se realice en función del comportamiento específico de ese mercado, en lugar de aplicar el IPC general no alimentario.
Por último, la Comisión aconseja «No usar los datos de la EPF 9 para calcular la nueva línea de pobreza» y propone, como alternativa, emplear los datos de la EPF 8, debidamente ajustados por inflación.
