Tras la sorpresiva liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio del empresario conocido como el «Rey de Meiggs», diversas autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo han reaccionado con medidas urgentes para aclarar lo ocurrido.
Lea también: Sicario liberado por polémica orden judicial sigue prófugo
El Poder Judicial emitió un comunicado para aclarar lo sucedido con la orden que permitió la liberación del sicario acusado del asesinato del «Rey de Meiggs». Inicialmente, todo parece estar relacionado con un intento de corregir la identificación del imputado.
De acuerdo con un diagnóstico realizado al sistema de tramitación penal, la resolución que terminó con la salida del venezolano Osmar Ferrer Ramírez fue emitida para solucionar un error en la identificación del delincuente.
LIBERARON AL IMPUTADO
En términos simples, el 8° Juzgado de Garantía dictó, a las 20:17 horas del 9 de julio, una orden de prisión preventiva por el homicidio. Debido a un error en la identificación de Ferrer, a las 20:25 se emitió un documento que anulaba esa decisión.
Fue ese documento el que Gendarmería utilizó para liberar al imputado.
Sin embargo, a las 20:28 horas, el juzgado emitió una nueva orden de prisión preventiva, esta vez con la identidad corregida de Ferrer. Esta última resolución aparentemente no fue tomada en cuenta, por lo que el acusado nunca debió haber salido de prisión preventiva.
Por ello, se señaló que «Inicialmente se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial».
La Fiscalía, junto al OS9 de Carabineros, determinará qué ocurrió y por qué dejaron en libertad al imputado, a pesar de que estaba recluido en la ex Penitenciaría.
COMUNICADO
Ante los graves hechos conocidos en las últimas horas sobre el imputado Osmar Ferrer Ramírez, la Dirección de Comunicación del Poder Judicial informa:
Que la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, citó a una reunión urgente a la directora y al equipo de informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para recibir un informe preliminar de la trazabilidad de las diferentes resoluciones de la causa.
Que tras la primera revisión, se estableció que el 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado y que a las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos.
Existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 del día, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas.
Al mismo tiempo, el equipo directivo de la CAPJ constató que -inicialmente- se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial.
Asimismo, presidenta (s) Chevesich instruyó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones de los tribunales de justicia.
PRESIDENTE DE LA CORTE
También a primera hora, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, convocó a un pleno extraordinario para analizar el caso.
El tribunal de alzada instruyó un sumario administrativo a cargo de un fiscal judicial y ordenó derivar todos los antecedentes recabados al Ministerio Público.
El ministro Fernando Carreño, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, se refirió de manera breve y sin aceptar preguntas al caso. En una declaración de un minuto, señaló:
«Se convocó un pleno extraordinario, el cual se llevó a efecto y se tomó la siguiente decisión. En primer lugar, respecto a la situación que afecta al octavo juzgado de garantía de Santiago y que dice relación con haber decretado la libertad de un imputado, respecto al cual se había decretado anteriormente prisión preventiva, se decidió en primer lugar iniciar una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial, el cual será determinado en su momento. Y en segundo lugar, se decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público para iniciar la respectiva investigación penal.»
REUNIÓN CLAVE ENTRE AUTORIDADES POR EL SICARIO
Además, se confirmó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre el Fiscal Nacional, el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema.
La cita busca coordinar acciones institucionales para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.
FAMILIAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
La Agrupación de Familias contra el Crimen Organizado expresó profunda preocupación y lanzó una alerta ciudadana frente a la excarcelación de Osmar Ferrer, uno de los principales sospechosos en el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Ferrer fue liberado en menos de 24 horas tras ser formalizado por homicidio, luego de que Gendarmería recibiera una orden de liberación que en un primer momento se pensó podía ser falsificada, debido a la ausencia de código de barras y QR de verificación.
No obstante, el Gobierno confirmó este martes que el documento es auténtico, no hubo hackeo, y la orden provino del Juzgado de Garantía de Santiago por los canales oficiales.
SISTEMA JUDICIAL VULNERADO POR CASO SICARIO
Karen Osorio, vocera de la agrupación, afirmó que «Esto es una prueba de que el sistema judicial está profundamente vulnerado y corrupto. ¿Cómo es posible que alguien formalizado por asesinato quede libre con una orden sin los resguardos mínimos? Exigimos explicaciones urgentes. Porque esto no solo atenta contra la justicia, atenta contra la vida de nuestras familias».
El caso evidencia un problema mayor: el avance del crimen organizado no solo se percibe en las calles, sino también dentro de las instituciones estatales.
Esta semana se han dado a conocer investigaciones por corrupción en las Fuerzas Armadas, que incluyen el hallazgo de drogas en un recinto militar en Colchane y la detención de funcionarios de la FACH relacionados con narcotráfico. Ahora, una inexplicable decisión judicial dejó en libertad a un presunto homicida.
MEDIDAS QUE EXIGEN DE FORMA INMEDIATA TRAS LIBERACIÓN DEL SICARIO
Desde la agrupación, integrada por familias, madres y vecinos víctimas de la violencia del narcotráfico, hicieron un llamado urgente para impedir que el crimen organizado opere con impunidad institucional. Consideran que cada día sin respuestas claras es una derrota para quienes aún confían en la justicia.
Exigen de forma inmediata:
Que el Poder Judicial y el Ministerio Público entreguen explicaciones claras y transparentes sobre la orden de liberación.
Que se revisen y fortalezcan los protocolos para validar órdenes judiciales, incorporando mecanismos digitales de trazabilidad obligatorios.
Que se investigue a fondo si hubo dolo, error humano o corrupción encubierta en este proceso.
Que se garantice la integridad del proceso penal y la protección de las víctimas.
Que se implementen urgentemente las medidas de digitalización del Estado establecidas en la ley.
Finalmente, Karen Osorio concluyó que «Esto no puede quedar en otro comunicado de ‘no descansaremos’. Se necesita una justicia que funcione, instituciones que respondan y decisiones que protejan a las personas, no a los criminales. Estamos en una emergencia institucional y no dejarán de exigir respuestas».
UDI TRAS CASO DEL SICARIO
Para los parlamentarios, es «indispensable» que el Ejecutivo convoque al Cosena para evaluar cómo el crimen organizado podría estar afectando organismos del Estado.
Esto, considerando también antecedentes recientes sobre funcionarios de las Fuerzas Armadas —del Ejército y la Fuerza Aérea— involucrados en causas por narcotráfico.
Cabe señalar que la bancada UDI ya había respaldado la semana pasada una solicitud similar realizada por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, en el contexto de las sospechas que rodean a las FF.AA.
Ante los nuevos antecedentes que vinculan la liberación de Ferrer con una presunta orden judicial adulterada, Coloma y Leal reiteraron su llamado al jefe de Estado: «Pareciera que ya llegamos al punto de no retorno del que todos hablaban».
«El Presidente Boric no puede anteponer su ideología política por sobre los intereses de nuestro país, menos aún cuando estamos hablando de amenazas directas a la seguridad nacional. Por cierto que el Poder Judicial tiene que despejar qué fue lo que ocurrió que terminó en la liberación de este delincuente, así como el Gobierno también tiene que aclarar su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, en el intertanto, la asesoría que puede brindar el Cosena resulta fundamental si realmente queremos evitar que el crimen organizado y el narcotráfico logren permear a las instituciones del Estado, tal como ya lo han hecho en otros países de la región», indicaron ambos diputados.
REUNIONES
Además, los parlamentarios cuestionaron que el Ejecutivo esté sosteniendo reuniones por separado con miembros del Cosena, como ocurrió la semana pasada con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la que se celebraría esta mañana con representantes del Poder Judicial.
«Si el Presidente se va a estar reuniendo de manera separada con los distintos integrantes del Cosena, lo mejor es que deje su ideología de lado y convoque a este consejo como corresponde. Ya no estamos en el minuto de anteponer los intereses personales por sobre los del país, porque la situación es de tal gravedad que incluso podemos sobrepasar el punto de no retorno», insistieron.
