Nacional y economía

PPD propone penas a padres por armas en menores

Cristian Navarro H.

Periodista

armas en menores
Foto: Generado con IA
Proyecto del PPD busca sancionar a padres por armas en menores, mientras la derecha defiende la tenencia responsable y la legítima defensa.

El Congreso comienza a tensionar el debate sobre seguridad escolar con un nuevo enfoque: trasladar parte de la responsabilidad desde el Estado hacia el entorno familiar. En ese contexto, el diputado Carlos Cuadrado Prats (PPD) anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca establecer responsabilidad penal para padres, madres y cuidadores cuando menores de edad porten o utilicen armas, en medio de una creciente preocupación por la violencia en establecimientos educacionales.

La iniciativa, respaldada por la bancada PPD-Independientes,  surge como respuesta a lo que el parlamentario califica como políticas “reactivas” en materia de seguridad escolar, apostando por un enfoque preventivo que apunte a evitar hechos graves antes de que ocurran.

RESPONSABILIDAD PENAL POR OMISIÓN DE ADULTOS

El proyecto propone modificar la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, además del Código Penal y el Código Procesal Penal. En concreto, establece sanciones para padres o cuidadores que, teniendo conocimiento de que un menor tiene acceso a un arma letal, no adopten medidas razonables para impedir su uso.

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“Un país no se construye solo con leyes, se construye con conciencia. Cuando un menor accede a un arma y un adulto lo sabe y calla, no es solo una omisión, es una falta grave”, afirmó Cuadrado Prats.

El parlamentario enfatizó que la iniciativa no busca un enfoque punitivo, sino preventivo: “Este proyecto no busca castigar, busca evitar tragedias. Muchas veces en Chile llegamos tarde, cuando el daño ya está instalado en las familias y en nuestras escuelas”.

PENAS Y AGRAVANTES EN CONTEXTOS ESCOLARES

La propuesta establece que el padre, madre, tutor o cuidador que omita actuar ante el acceso de un menor a un arma podrá ser sancionado con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Asimismo, contempla un aumento de la pena si el hecho ocurre en el contexto de ingreso, permanencia o salida de un establecimiento educacional, o en actividades vinculadas a estos espacios.

El texto también incorpora una exención de responsabilidad para quienes denuncien oportunamente los hechos antes de la comisión del delito, reforzando el carácter preventivo de la norma.

Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Jaime Araya respaldó la iniciativa y llamó a acelerar su tramitación: “Se trata de poner en el centro del debate la prevención. Cuando hay menores involucrados, los adultos son un factor clave. Este es un debate que se ha eludido por mucho tiempo”.

DERECHA DEFIENDE TENENCIA RESPONSABLE

La propuesta se inserta en un debate político más amplio sobre el rol de las armas en la sociedad chilena. Desde sectores de derecha, incluso el Presidente  José Antonio Kast, han defendido en distintos medios la “tenencia responsable de armas”, argumentando que los ciudadanos deben contar con herramientas para enfrentar la delincuencia.

En la misma línea, El presidente y líder del Partido Nacional Libertario (PNL),  Johannes Kaiser, ha promovido una postura más amplia, defendiendo activamente el derecho de las personas a armarse como mecanismo de autoprotección, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública.

Estas posturas vinculan el debate sobre armas con el aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad, instalando la legítima defensa como un eje relevante en la discusión.

UN DEBATE QUE CRUZA PREVENCIÓN Y DERECHOS

De esta forma, el proyecto impulsado por el PPD no solo busca endurecer la responsabilidad de los adultos frente al acceso de menores a armas, sino que también abre un debate más profundo sobre el equilibrio entre prevención, control y derechos individuales.

Mientras la oposición apunta a reforzar la responsabilidad familiar como mecanismo de contención, desde la derecha se insiste en fortalecer la autonomía de las personas en materia de seguridad, configurando dos enfoques que marcarán la discusión legislativa en los próximos meses.

 

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