Al parecer los problemas de mal trato continúan en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
El 15 de octubre, cuatro funcionarios interpusieron una denuncia de tutela laboral en contra de la entidad y su dirección ejecutiva, liderada por Valentina Durán Medina,
Acusando vulneración de derechos fundamentales en el marco de un ambiente laboral descrito como hostil, violento y profundamente negligente.
Los afectados afirman haber sido víctimas de acoso y discriminación por parte de sus superiores,
entre ellos Juan Cristóbal Moscoso y otras jefaturas designadas.
TERCERA DEMANDA EN MENOS DE TRES AÑOS
Esta acción, la tercera de su tipo, acusa represalias y falta de protección a las víctimas.
Los demandantes — Lu Contreras, Camila Sepúlveda, Camila Ramírez y Diego Trecaman— indican haber sido objeto de maltrato, acoso laboral y discriminación por parte de superiores
entre los que se menciona a Juan Cristóbal Moscoso, Macarena Gross, Andrea Peña, Camila Carrasco y Andrea Paredes.
A través de sus testimonios, los denunciantes describen una atmósfera que, según sus palabras, “desconoce los valores de protección” y en la cual impera “un sistema de violencia tolerado por la Dirección”.
Se trata de la tercera acción judicial en contra de la administración que lidera la directora ejecutiva del SEA Valentina Durán.
El 14 de diciembre de 2023, Bárbara Rojas, ingeniera ambiental, interpuso la primera acción judicial, denunciando haber sufrido acoso.
Posteriormente, Jimena Hevia, geógrafa y jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, también presentó una demanda, por un “ambiente laboral tóxico”.
DESCALIFICACIONES, AMENAZAS Y GRITOS
En esta nueva denuncia, que se presentó ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se relatan múltiples situaciones de maltrato: “gritos, descalificaciones, omisiones y comparaciones humillantes”.
son descritas como prácticas habituales, y en algunos casos, los funcionarios relatan haber recibido amenazas de despido si expresaban opiniones profesionales divergentes.
“Se les intimida con despidos por opinar diferente”, reza el documento,
agregando que estas conductas se mantienen en un contexto de “absoluta indiferencia” por parte de la dirección, que “ha priorizado la protección de las jefaturas denunciadas”.
La demanda enfatiza la importancia de garantizar ambientes laborales respetuosos y libres de acoso.
Subraya las nefastas consecuencias que pueden tener las prácticas abusivas contra la salud y dignidad de los trabajadores.
Recordemos que el Servicio de Evaluación Ambiental es un organismo público, funcionalmente descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio creado en 2010 luego de la reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
